La presión de las autonomías favorables al pasaporte COVID es cada vez mayor. Ya son doce las comunidades que han mostrado al Gobierno su predisposición a que se implante para exigirlo en determinadas actividades. Aragón, Canarias, Murcia, País Vasco, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Navarra, además de Baleares, Cataluña y Galicia (que ya lo tienen implantado), son las partidarias del certificado. A ellas se une Melilla que lo solicitaría para acceder a locales de restauración. Reclaman que se pueda dar amparo jurídico a las comunidades para tomar una medida que ya ha sido tumbada con anterioridad por varios tribunales superiores de Justicia.
Del mismo modo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado, tras la reunión semanal del Gobierno gallego, que ante el aumento de la incidencia del coronavirus en la comunidad, podría ampliar el uso de este certificado. En Galicia ya se pide en la actualidad en locales de ocio nocturno o en albergues de peregrinos, pero podría ser exigido también para las visitas a hospitales, una medida pendiente de aprobación por el Alto Tribunal gallego.
También quiere solicitarlo el Gobierno vasco. Para ello tiene que autorizarlo Tribunal Superior de Justicia de su comunidad. Sin embargo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha señalado que ve difícil que Euskadi adopte este tipo de medidas si no están enmarcadas en una decisión de ámbito estatal. En la misma línea, el consejero andaluz Jesús Aguirre ha reclamado que "el carné de vacunación sea obligatorio" para "entrar" a determinados espacios público.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha limitado a señalar que el Tribunal Supremo ha dejado "un camino abierto" para que las comunidades lo soliciten. "No vale que la ministra diga que cada comunidad haga de su capa un sayo y luego cada Tribunal Superior de Justicia hace de su capa un sayo, y llegamos a una inequidad dentro de todas las comunidades autónomas", ha proclamado el consejero andaluz de Salud.
