Parece contradictorio que el CSD y la abogacía del estado estén personados como acusación al estar perjudicados por un presunto fraude de casi un millón de euros de subvenciones públicas otorgadas a la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) y que desde que se abrió la causa judicial el este federativo haya percibido, sólo en subvenciones ordinarias, más de 8 millones de euros para que sean gestionadas por los supuestos defraudadores, que tendrán que pasar por el banquillo de los acusados en cuanto la Audiencia Provincial de Valencia fije fecha.
Desde el órgano rector del deporte español, puntualizan que "las subvenciones no se dan al presidente, sino a una federación deportiva para la práctica deportiva, para las concentraciones, para los entrenamientos, etc., y está sometida a un control económico por parte del CSD". Nadie dice lo contario, pero es evidente que las federaciones no se gestionan solas, sino por las personas que las rigen, y en este caso no solo está procesado el presidente Jesús Castellanos, sino también su núcleo duro con José María Pujadas, Miguel Pérez Otín y Alicia Sancho. Los controles del CSD se presupone que también se hacían cuando se realizó esa supuesta mala praxis mal, pero no funcionaron y tuvo que ser una persona externa al organismo quien realizará la primera denuncia y los magistrados y la fiscalía, quienes hayan visto indicios suficientes para afrontar un juicio con unas peticiones de penas de este calado.
Por otro lado, recuerdan desde el propio CSD que ya se valoró el 13 de febrero de 2018 en Comisión Directiva la posible suspensión del presidente Jesús Castellanos, pero se decidió no suspenderle. En aquel momento gobernaba el Partido Popular y estaba al frente del CSD José Ramón Lete.
Puestos en contacto con miembros de aquella comisión directiva, apunan que “es muy feo eludir la responsabilidad, excusándose en una decisión que se votó cuando el caso estaba arrancando. Ahora hay una petición de penas muy fuerte de la fiscalía y un juicio oral abierto. El CSD tiene instrumentos para que esta situación no siga adelante y plantear una suspensión cautelar”.
El 1 de enero de 2023 entró en vigor la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, que establece el nuevo marco jurídico del deporte español y actualiza la legislación vigente desde 1990, pero casi dos años después sigue sin realizarse un desarrollo del reglamento sancionador que tendría que haberse hecho en los seis meses siguientes y que ya será posterior a las elecciones federativas, que se están celebrando en este año olímpico con constantes denuncias que señalan a una protección de un sistema para perpetuar a presidentes federativos, que susurran al oído a los mandamases con el respaldo del 'superministro' Blanco.
Los acusados y la petición de penas
La conocida como Operación “Manopla” contra la corrupción en la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) lleva en marcha desde diciembre de 2015 cuando un dirigente de un club, Eugenio Granjo, alertó a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) de prácticas presuntamente delictivas por parte de los dirigentes del taekwondo español.
La embrionaria investigación ha terminado con la apertura de juicio oral que avanzábamos este miércoles en exclusiva en Onda Cero con las siguientes peticiones de penas por parte del fiscal anticorrupción de Alicante:
•Jesús Castellanos Pueblas (presidente), Miguel Pérez Otín (tesorero) y José María Pujadas (secretario general): 10 años y 6 meses de prisión. Además, se les pide indemnizar conjuntamente al Consejo Superior de Deportes (CSD) con 664.727 euros y a la RFET con 387.817 euros.
•Alicia Sancho Carbonell (gerente desde 2015): 4 años de prisión y una indemnización de 75.081 euros a la RFET.
•Victorino Pizarro Barceló (expresidente de la Federación Valenciana de Taekwondo): 1 año y 9 meses de prisión y una indemnización de 9.015 euros a la Federación Valenciana de Taekwondo.
Cabe recordar, que tal y como desvelamos en Onda Cero, la RFET presentó a través del abogado de la Asociación del Deporte Español (ADESP) Borja Osés, un insólito escrito de renuncia federativa a percibir la indemnización que tendrían que abonar los procesados ante el silencio, al menos público, del CSD.
A pesar de ese escrito, la jueza les ha reclamado una fianza que asciende a 1,5 millones de euros, tanto para la petición de indemnización al citado CSD, como a la propia federación, con la amenaza de embargo en caso de no llevarla a efecto.
Los sueldos de 2022 según la transparencia federativa son: el presidente Jesús Castellanos, 82.508 € más 9340 € de gastos y complementos, el secretario general José María Pujadas, 49.592 €, junto a otros 8.800 € de gastos y la gerente Alicia Sancho, 48.575 € a los que se suman gastos por valor de 3.667 €.
Bajo el manto del Comité Olímpico Español
"Defenderé siempre en público a los presidentes de federaciones, con razón o sin ella", ha afirmado en diversos foros Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español (COE) y ‘superministro’ de Pedro Sánchez, aunque durante los Juegos de París olvidó invitar a la Casa de España a los responsables del sector en el Gobierno, en lo que muchos vieron como un mensaje de "quien manda aquí" hacía el presidente del CSD José Manuel Rodríguez Uribes y la ministra Pilar Alegría.
El caso de Jesús Castellanos evidencia esa sentencia de Blanco más allá del ámbito público ya que, a pesar de su situación procesal, figura como presidente de la Comisión de Distinciones y Protocolo del COE.
La Operación ‘Manopla’ no deja de ser otra muestra de la impunidad con la que se mueven los dirigentes del deporte español. Además, el futuro guión parece ya escrito. En el caso de ser condenados en la Audiencia Provincial, la condena no será firme y recurrirán ante el Tribunal Supremo mientras el CSD seguirá diciendo que no tienen mecanismos para suspender a dirigentes que seguirán manejando subvenciones millonarias, mientras los denunciantes denuncian haber sufrido “todo tipo de represalias ante el CSD con un desamparo absoluto”.
Además, el taekwondo ha sido uno de los viveros de medallas en los Juegos Olímpicos, pero entre París y Tokio solo dio a España la plata de una deportista que entrena fuera del control federativo, Adriana Cerezo, en un reflejo de la tormenta que en la última década acompaña a la gestión de este deporte.
Casos como los de Villar, Rocha o Rubiales muestran que ocurre cuando desde el gobierno de turno aprietan el ‘botón rojo’. Quizá si fuera fútbol y no taekwondo ya se habría apretado.
