Acuerdo entre PSOE, PP y Ciudadanos para volver a penalizar las lesiones como consecuencia de imprudencias al volante
En el Congreso de los Diputados se ha aprobado que el Código Penal vuelva a incluir las lesiones como consecuencia de una imprudencia al volante. Con la nueva regulación propuesta, todas las imprudencias se considerarán graves, lo que hará que las penas máximas pasen de cuatro a nueve años.
El PP, el PSOE y Ciudadanos han acordado volver a incluir en el Código Penal las lesiones como consecuencia de una imprudencia al volante, unos hechos que se despenalizaron tras la reforma del Código Penal que realizó el Gobierno del PP en 2015 y cuya recuperación venían reclamando las asociaciones de víctimas de accidentes y colectivos como los ciclistas.
A través de una enmienda 'in voce' presentada por el PSOE justo al inicio de la Comisión de Justicia --que ha contado con el apoyo de todos los grupos, excepto Unidos Podemos y ERC, que se han abstenido-- se ha decidido incluir entre las "imprudencias menos graves" del Código Penal las que causen lesiones que menoscaben la integridad corporal o la salud física o mental de la víctima. Serán sancionadas, así con penas de multa de tres a doce meses.
El Congreso termina así con las críticas que se habían generado entre los colectivos de víctimas de accidentes y ciclistas (impulsores de la reforma), que denunciaron que, en el primer borrador presentado por los grupos sólo se incluía en estas imprudencias los casos en los que las lesiones incapacitasen de por vida, lo que dejaba fuera al 90% de las víctimas de accidentes.
En concreto, los colectivos implicados habían denunciado que era el propio PSOE quién estaba impidiendo que esta medida se incluyera en la reforma, por "presiones desde el Gobierno".
Siempre será imprudencia grave
También el portavoz del PP en esta materia, Oscar Gamazo, ha denunciado el cambio de opinión de varios partidos en este sentido. Según ha explicado, en la ponencia creada en el Congreso para negociar esta reforma, fueron los 'populares' quienes llevaron esta modificación y, según ha explicado, se quedaron solos. Finalmente, el PP cedió "en aras del consenso", según ha señalado.
En la comisión de este martes, tanto Ciudadanos, como PNV o PDeCAT celebraron la enmienda del PSOE, sólo Unidos Podemos y ERC han mostrado sus reticencias. El diputado de En Comú Jaume Moya cree que el Código Penal debe reservarse sólo en aquellos comportamientos ilícitos "más graves" y "nunca como herramienta para evitar" estas situaciones. A su juicio, los delitos de lesiones deben seguir yendo por la vía civil. La portavoz de ERC, Carolina Telechea, se ha expresado en términos muy similares.
Esta medida ha sido la más destacada de una reforma que también incluye cambios en la calificación de imprudencia grave al volante que, ahora, abarcará tres supuestos: cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, cuando se hace bajo la influencia de drogas, o bajo la influencia de alcohol.
Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerará imprudencia grave en cualquier caso. Las penas máximas pasan así de cuatro a nueve años.
Se introduce el delito de abandono
Además, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente con una redacción autónoma. En este caso, los grupos han acordado que se incluya en el Código Penal un nuevo capítulo dedicado a los delitos contra la seguridad vial, "por entender que se trata de una conducta diferente y dolosa e independiente de la conducta previa imprudente o fortuita".
En la nueva redacción se especifica que el abandono del lugar del accidente, cuando se ha cometido una imprudencia al volante, se sancionará con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel y la retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años. Si se considerara que esta omisión de socorro es "fortuita", se reducirá la pena a un máximo de seis meses, mientras que la retirada del carné podría ser de hasta dos años.
Todas estas medidas han contado también con un apoyo mayoritario de la Comisión de Justicia: PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT y Compromís han aprobado su redacción, frente a Unidos Podemos y ERC que han votado en contra. Este texto será votado de nuevo el jueves en el Pleno de la Cámara y, si consigue de nuevo el voto a favor de la mayoría, pasará a su fase de tramitación en el Senado.