La empresa de renovables Europa Scar Sport SL, propiedad del exfutbolista del Real Madrid Raúl González Blanco y administrada por su madre, María Luisa Blanco, se ha declarado en concurso voluntario de acreedores, según datos del Registro Mercantil consultados por Europa Press.
En concreto, el juzgado número siete de lo mercantil de Madrid, del que es titular el juez Santiago Senent, emitió un auto a finales de noviembre en el que se reconoce en firme la situación concursal de esta empresa. A finales de octubre, una juez ordenó el embargo por 9,3 millones de euros de Europa Scar Sport, importe que le reclama Aurantia 2003 SL por una inversión fallida en energías renovables y fotovoltaica en 2008.
Los hechos
'El Mundo', que adelanta la resolución judicial en la que se dictamina el concurso de acreedores de la empresa, explica que la sociedad, la primera que fundó el exfutbolista hace 20 años para gestionar sus derechos de imagen, se encuentra en una situación delicada por el fracaso de las inversiones en los sectores inmobiliario y fotovoltaico.
El diario indica además que esta situación no implica que Raúl se haya arruinado, ya que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid investiga si el jugador ha podido cometer un delito de alzamiento de bienes al vaciar Europa Sacr Sport para no tener que responder a las deudas de esta sociedad.
En el fallo de finales de octubre, la titular del juzgado de primera instancia número 21 de Madrid, Carmen Pérez, condenó a la empresa de Raúl González a abonar a Aurantia cerca de 7,2 de euros más otros 2,1 millones en concepto de intereses y costas, tras ratificar el fallo del mismo juzgado de febrero de este año.
El origen
Según dicha resolución, los hechos se remontan a 2008 cuando Raúl se asoció con la empresa Aurantia y adquirió un 20% del capital de Cadmos Energías Renovables para montar una fábrica de paneles solares en Cádiz.
Cadmos solicitó en 2009 un crédito de 35 millones al banco Crédit Suisse que todos los socios se comprometieron a devolver, pero el proyecto por la sociedad usada para lanzar la fábrica fue un fracaso y la Junta de Andalucía exigió la devolución de las subvenciones, y la entidad financiera la del préstamo.
