El expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, ha sido detenido en el marco de la investigación del 'Barçagate' por el que los Mossos se han personado en las oficinas del club para su registro. Junto a él han sido detenidos otros tres miembros más del club: el CEO del Barça, Oscar Grao, el responsable de los servicios jurídicos, Ramón Gómez Pontí, y Jaume Masferrer, asesor personal del expresidente y su hombre de confianza, que fue el encargado de poner en marcha el espionaje a través de redes sociales, que ha sido conocido después como 'Barçagate'.
Los Mossos d'Esquadra han registrado las oficinas del Barcelona este lunes, según ha podido confirmar Onda Cero. En la misma semana en la que se celebran las elecciones a la presidencia del club, varios agentes han acudido a la sede del club para realizar un registro relacionado con el 'Barçagate' y todo el asunto de las redes sociales.
Desde primera hora de la mañana, los miembros de los Mossos se han personado en las oficinas, en las que se encuentran realizando un registro minucioso a raíz del caso de las redes sociales. Las detenciones se producen a raíz de la investigación del caso de las redes sociales por el que el club habría contratado a una empresa llamada I3 Ventures para desarrollar una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la Junta Directiva de Bartomeu.
El caso de las redes sociales: qué es y cómo afecta al Barça
El propio Barcelona admitió la vinculación con I3 Ventures, aunque solo para observar mensajes tanto positivos como negativos en redes sociales sobre el club. Se produjo incluso una auditoría externa a raíz de este conocido 'Barçagate'.
Así, las posteriores conclusiones de la auditoría externa llevada a cabo por PriceWaterHouseCoopers (PwC) absuelven parcialmente al club, aunque cuestionan sus controles internos.
Según la información del caso, el Barça habría pagado un millón de euros anual a I3 Ventures por el monitoreo y la defensa reputacional en las redes sociales del presidente, la Junta Directiva y la marca, y las facturas se habrían troceado entre diferentes departamentos para que cada una fuese inferior a 200.000 euros, lo que evitó que los contratos tuviesen que pasar por la aprobación de la Junta.
La Policía judicial de los Mossos investiga e inspecciones las osifinas. Los empleados aguardan fuera y desde que se abrieran las dilegncias es la segunda inspección a las oficinas instantado buscar investigación.
