A través de una nota de prensa, Osasuna señaló que esta investigación se trata de "un proceso en el que la entidad, lejos de ser condenada, ha sido acusación particular y ha perseguido vía judicial a los responsables de los mencionados hechos, los cuales dañaron gravemente la reputación del club".
"Según ha podido saber la entidad, esta investigación está motivada por la sentencia del Tribunal Supremo en relación a los hechos acontecidos hace una década, en la temporada 2013/14, que paradójicamente eximen al club de responsabilidad penal en los citados hechos", recalcó Osasuna en su comunicado de prensa.
En este sentido, citó que el Tribunal Supremo ya consideraba "que la mencionada entidad en ningún caso podría tener responsabilidad penal por los mencionados delitos, no sólo por no concurrir el mencionado requisito de un actuar imputable a título de dolo o de culpa sino por no apreciarse, tampoco, otro de los elementos necesarios para la existencia de responsabilidad penal, cual es que el delito que se haya cometido 'en provecho' de la entidad".
En cualquier caso, Osasuna precisó que "informará al máximo organismo del fútbol europeo de que las personas condenadas por el Tribunal Supremo en 2023 cesaron de sus funciones en 2014 y fueron dadas de baja como socios de la entidad en 2015".
"Osasuna se personó como acusación particular, es decir, como perjudicado, en el proceso judicial que concluyó con la condena de dichas personas y con una sentencia que les ha obligado a pagar al club una indemnización económica cuantiosa que ha derivado en el embargo de propiedades y bienes de dichas personas por parte de la entidad", agregó el conjunto navarro.
Por último, Osasuna añadió que "confía en que el procedimiento se resuelva de forma favorable para sus intereses y de que tanto sus deportistas como aficionados puedan disfrutar de la Conference League en justicia con los méritos deportivos realizados".
