El futbolista Santi Mina, condenado por abuso sexual, se ha presentado este viernes por sorpresa en los juzgados de Almería, donde se ha celebrado una comparecencia sobre su posible ingreso en prisión, y el tribunal ha acordado que siga en libertad y solo con la obligación de concretar su domicilio en Arabia Saudí, donde jugará esta temporada.
Estaba previsto que el delantero compareciera por videoconferencia, pero finalmente ha acudido a la Audiencia de Almería.
El tribunal ha tenido en cuenta para tomar esta decisión que, a lo largo de todo el proceso judicial, el futbolista, quien ha accedido al Palacio de Justicia por una puerta de emergencia lateral, "siempre ha estado a disposición" de la justicia y ha comunicado los cambios de residencia, por lo que han concluido "que no hay riesgo de fuga".
La Sección Tercera ha rechazado la retirada de pasaporte que ha solicitado el Ministerio Fiscal después de que Mina decidiese emigrar a un país sin convenio de extradición con España y tan solo le pedido al futbolista que continúe comunicando cada cambio de residencia que pueda tener.
Condenado a cuatro años de prisión
Santi Mina está condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual. Aunque el tribunal de la Sección Tercera accedió a que Mina, quien milita actualmente en las filas del equipo Al Shabab, no tuviera la "necesidad" de desplazarse hasta Almería, el jugador se ha presentado por sorpresa en los juzgados.
El tribunal de la Sección Tercera que condenó a Santi Mina por abusar sexualmente de una mujer en 2017 durante unas vacaciones en el municipio de Mojácar (Almería) tiene pendiente de resolver la aclaración de sentencia que solicitó el abogado que defiende al futbolista condenado.
Una vez resuelta esta cuestión, se le otorgará un plazo para que, si lo estima oportuno, presente recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del TSJA.
La sentencia impuso a Mina, quien no habría actuado con violencia o intimidación como consideró el fiscal para calificar como delito de agresión sexual, pero sí con prevalimiento, la medida de libertad vigilada por periodo de cinco años y el pago de una indemnización de 50.000 euros por los daños morales.
Además, le prohibió aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, su domicilio o cualquier otro que frecuente y de establecer con ella, por cualquier medio de comunicación directo, informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, todo ello durante 12 años.
