A pocos días de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, el expresidente y candidato republicano Donald Trump se enfrenta a una tormenta legal sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Mientras busca recuperar la Casa Blanca, su campaña está marcada por múltiples frentes judiciales que han capturado la atención de la opinión pública y plantean serias incógnitas sobre su futuro político.
El caso que más titulares ha generado es el relacionado con el pago de dinero por silencio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. En mayo de 2024, un jurado en Manhattan declaró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, vinculados a una conspiración para encubrir un pago de 130.000 dólares antes de las elecciones de 2016. ¿El objetivo? Suprimir información que podría haber afectado sus posibilidades electorales. Esta condena histórica lo convirtió en el primer expresidente estadounidense en enfrentar una sentencia por delitos graves.
Pero este no es el único desafío legal al que se enfrenta el republicano. Trump también ha estado en el centro de controversias por su manejo de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca, un caso que, aunque finalmente fue desestimado, dejó preguntas sin respuesta y mermó su credibilidad. Además, las investigaciones sobre sus presuntos intentos por revertir los resultados de las elecciones de 2020, incluyendo acusaciones de conspiración para obstruir la certificación de los votos y presiones indebidas a funcionarios, siguen sin resolverse por completo.
Así, Trump encara las elecciones de noviembre con una doble carga: la de candidato que busca capitalizar su base electoral y la de un hombre que enfrenta múltiples acusaciones legales. ¿Logrará desviar la atención hacia su mensaje de campaña y presentarse como una "víctima de persecución política", como él alega? ¿Podrá convencer a los votantes de que, a pesar de los procesos judiciales, sigue siendo el mejor candidato para liderar el país? Con 34 cargos ya confirmados y otros casos aún pendientes, el veredicto del 5 de noviembre no solo será en las urnas, sino también en la narrativa pública que rodea su figura.
El caso Stormy Daniels: dinero para el silencio y condena histórica
El primer juicio penal que ha envuelto a Trump gira en torno al pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos, para evitar que revelara una supuesta relación extramatrimonial en los días previos a las elecciones presidenciales de 2016. Según los fiscales, el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, gestionó el pago a Daniels, financiando la transacción de su propio bolsillo. Trump reembolsó el monto bajo el disfraz de "gastos legales", una práctica que violó las leyes de registros comerciales del estado de Nueva York.
El 30 de mayo de 2024, un jurado de Manhattan declaró a Trump culpable de los 34 cargos que se le imputaban, todos relacionados con la falsificación de registros para encubrir el pago. “Esta condena marca un hito en la historia judicial de Estados Unidos. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente", declaró el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien lideró la acusación.
El juicio se llevó a cabo durante un tensa jornada, con el jurado deliberando más de nueve horas antes de alcanzar un veredicto. Trump, por su parte, rechazó las acusaciones y reiteró que el juicio fue “una caza de brujas” diseñada para afectar su campaña presidencial. "El verdadero veredicto será el 5 de noviembre, cuando el pueblo decida en las urnas", afirmó a la salida del tribunal.
Además del caso Stormy Daniels, Trump ha enfrentado acusaciones sobre su manejo de documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca. Según la acusación inicial de junio de 2023, se le imputaron siete cargos, entre ellos retención deliberada de información de defensa nacional, obstrucción a la justicia y destrucción de registros. Las autoridades alegaban que Trump llevó consigo documentos clasificados a su residencia en Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida), y resistió los intentos del gobierno de recuperarlos. Entre las pruebas clave, se incluyó una grabación en la que Trump discutía la posesión de documentos secretos y videos de vigilancia que mostraban a su asistente, Walt Nauta, moviendo cajas de documentos en la residencia.
Sin embargo, el 15 de julio de 2024, la jueza Aileen Cannon desestimó el caso al dictaminar que el nombramiento del fiscal especial violaba la Constitución. En su fallo, Cannon señaló que "el proceso de nombramiento de fiscales especiales debe ser revisado para evitar un abuso de poder ejecutivo". La decisión trajo alivio para la campaña de Trump, pero no sin dejar cicatrices en la opinión pública y en la confianza en la imparcialidad del sistema judicial de Estados Unidos.
Caso de interferencia electoral en el condado de Fulton, Georgia
El caso de interferencia electoral en el condado de Fulton representa otro de los episodios más significativos y complejos en la serie de desafíos legales que enfrenta Donald Trump. El 14 de agosto de 2023, un jurado investigador en Atlanta acusó al expresidente y a otras 18 personas de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia, estado clave en la victoria de Joe Biden.
Esta investigación, liderada por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, ha destapado algunos de los intentos más evidentes y coordinados de Trump y sus aliados para socavar la integridad del proceso electoral.
El caso es particularmente relevante porque se basa en leyes estatales de Georgia. Esto implica que, si Trump fuera reelegido como presidente, no podrá perdonarse a sí mismo ni a sus aliados de ninguna condena de la ley estatal, ni podrá desestimar a los fiscales del condado de Fulton que presentaron los cargos.
El candidato republicano ha sido imputado con un total de 13 cargos, entre los que destaca una acusación bajo la Ley RICO de Georgia (Ley de Organizaciones Corruptas Influenciadas por Mafiosos), una normativa que se suele aplicar en casos de crimen organizado. Además, se le acusa de solicitar la violación del juramento a funcionarios, conspirar para presentar documentos falsos y hacer declaraciones fraudulentas.
Entre las pruebas más comprometedoras se encuentra una llamada telefónica del 2 de enero de 2021, en la que Trump instó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, a "encontrar" los votos necesarios para revertir su derrota en el estado. También se incluyen mensajes de texto, videos de vigilancia y otros documentos que, según los fiscales, evidencian un esfuerzo coordinado para manipular el resultado electoral.
El proceso ha tenido giros importantes: en marzo de 2024, el juez Scott McAfee desestimó seis de los 41 cargos originales, incluidos tres contra Trump. Sin embargo, la mayor parte de la acusación, que incluye cargos por extorsión y conspiración, se mantiene intacta. El 5 de junio de 2024, un tribunal de apelaciones de Georgia suspendió el caso indefinidamente para resolver si la fiscal Willis debería ser descalificada, añadiendo más incertidumbre a un proceso que sigue bajo el escrutinio público.
El caso de Georgia sigue siendo un elemento crucial en el panorama legal de Trump, ya que destaca, además de por la gravedad de las acusaciones, por la determinación de la justicia estatal para hacer cumplir la ley, independientemente del estatus político del acusado.
