Ante la inmensidad burocrática del proyecto, es perfectamente legítimo cuestionar cuál es la utilidad real de la Unión Europea. Es más, es lógico preguntarse por el impacto concreto que tiene en la vida de los ciudadanos. De lo contrario se podría zanjar la discusión con una respuesta general como la de que “la Unión es un experimento institucional único que ha posibilitado el período más prolongado de paz que se conoce en el continente”.
La fórmula, de tono escéptico, que emplea una compañera argentina viene muy al caso: “Respóndeme, ¿en qué nos está ayudando tu querida Unión a vos y a mí?”.
La respuesta completa necesitaría de una explicación larga porque el campo de influencia de la Unión es muy amplio. También porque el entramado procedimental y organizativo que alumbra la decisión política y su subsiguiente ejecución es complejo. Son varias las instituciones de la Unión que intervienen en las decisiones, y la ejecución de tales decisiones requiere de la mediación de los Estados miembros.
No obstante, es cierto que se pueden identificar ámbitos en los que las decisiones tomadas por la Unión están relacionadas con un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Así que, efectivamente, la pregunta sí admite una respuesta clara.
El precio de la luz
El precio del kilovatio hora de la luz que ilumina nuestras casas, por ejemplo, depende significativamente de lo acertada que esté la Unión Europea. Esto lo comprobamos con cierta dosis de dramatismo en el despertar de la invasión de Ucrania.
La Unión reaccionó con una batería de medidas de carácter estructural y fiscal dirigidas a asegurar el suministro de gas, diversificar nuestras fuentes de energía y, también, a intervenir el precio del gas mediante mecanismos de corrección, amortiguando así el precio de la energía eléctrica.
En el marco global de esta estrategia se adoptó, entre otras muchas, una medida concreta cuyo efecto en la vida de los ciudadanos nadie cuestionaría: el descuento de 20 céntimos por litro de combustible que introdujo el Real Decreto-ley 6/2022.
La regulación agrícola
Pocos de nosotros permanecimos ajenos a las tractoradas de este invierno. Los primeros afectados en el asunto son los agricultores y sus familias. A ellos no hace falta recordarles la importancia para su trabajo de decisiones adoptadas en la UE como el Pacto Verde Europeo o la propuesta de la Comisión (retirada) de reglamento sobre el uso de productos fitosanitarios.
Tanto ellos como el resto hemos de tener presente, sin embargo, que la complejidad introducida en el sistema de pagos directos a los agricultores, ¡que tan vitales son!, y que corren a cargo al presupuesto de la Unión, tiene su origen en tres reglamentos o leyes europeas: los 2021/2115, 2021/2116 y 2021/2117.
La inteligencia artificial
Cuando entre en vigor el reglamento sobre inteligencia artificial que el Parlamento y los Estados acordaron en febrero, las empresas que operen en el mercado interior tendrán que calificar el nivel de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial que empleen.
También deberán adoptar medidas de seguridad para así salvaguardar derechos fundamentales de las personas afectadas por su actividad. Por ejemplo, el derecho a no ser discriminados injustificadamente por una decisión que resulte de una operación algorítmica.
El reglamento ya está siendo objeto de crítica por el efecto negativo que puede suponer para la industria, pues implica costes adicionales, penaliza la innovación y disminuye la competitividad. Sin embargo, la norma es pionera en la protección de los ciudadanos frente a esta tecnología; por ejemplo, frente al uso habitual del reconocimiento facial por las fuerzas de seguridad.
Medidas sociales
De ámbito más restringido son algunas de las medidas sociales adoptadas por la Unión Europea.
Por ejemplo las de la directiva sobre la conciliación de progenitores y cuidadores, las de la directiva acordada muy recientemente sobre el trabajo en plataformas digitales, o las de la directiva sobre la tarjeta europea de discapacidad y tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad.
La primera ha introducido un permiso de cinco días laborables al año para poder cuidar a personas que necesiten de nuestra asistencia. La segunda traslada a las plataformas digitales la carga de probar que las personas que trabajan para ellas no son sus empleados, poniéndolas así en una situación mucho más favorable cuando se trate de reclamar sus derechos laborales.
Y gracias a la tercera directiva los beneficiarios de las tarjetas recibirán el mismo trato que se dispensa a las personas discapacitadas residentes en esos países de la Unión a los que viajen para pasar estancias de corta duración. Podrán, por ejemplo, estacionar su coche en las plazas reservadas al efecto.
Y además…
¿Qué estudiante universitario no se refiere constantemente a sus créditos ECTS? Son unidades de medida del sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos introducido a finales de los años 1980 de la mano de la Comisión. Hoy en día hacen mucho más sencilla la movilidad de estudiantes por las universidades de Europa.
¿Y quién no cruza conduciendo las fronteras interiores de la Unión despreocupado porque sabe que su carné de conducir se reconoce automáticamente? Es gracias al artículo 2 de la directiva sobre el permiso de conducción.
¿Le preocupa a usted su atención médica en otro Estado miembro? Se le tratará igual que a los residentes de ese Estado, como establece la directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza.
¿Ha sufrido un gran retraso en su vuelo? Probablemente tenga derecho a una compensación en los términos del reglamento sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos. ¿Ha pagado usted IVA hoy? El tipo de este impuesto lo determina la normativa nacional, pero la europea es la que fija el tipo mínimo.
La lista de ejemplos podría extenderse, pero no es necesario. No está justificado, por tanto, el escepticismo sobre la efectividad de la actividad de la Unión Europea en nuestras vidas. En realidad, la carga de la prueba es, más bien, para quien argumente que no influye en nuestras vidas. Conviene tenerlo presente.
Joseba K. Fernández Gaztea, Profesor contratado doctor de Derecho administrativo, Universidad de Navarra
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
