Los líderes autonómicos se pronuncian: ¿qué modelo de financiación defiende cada Comunidad?

Las negociaciones de cara a la investidura de un nuevo Gobierno tras los comicios del 23-J han reavivado un debate latente en la política española: la financiación autonómica se ha situado en el centro de la agenda política y mediática a raíz de la nueva condición interpuesta por Junts y Esquerra Republicana para investir a Pedro Sánchez.

Hace unos días, las formaciones independentistas presentaban en el parlamento catalán una moción solicitando al Gobierno la condonación de la deuda catalana contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómica, y condicionando el apoyo al candidato socialista al compromiso de extinguir esta deuda, que se eleva hasta los 98.000 millones de euros. El pasado lunes, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reconoció que era posible que los grupos independentistas hubiesen planteado esta condición para apoyar la conformación de un nuevo Gobierno socialista.

La propuesta de Esquerra y Junts

La polémica se ha levantado, sin embargo, después de que el líder del PSC, Salvador Illa, haya incluido una enmienda a esta medida en el Parlament para elevar esta condonación a la totalidad de las Comunidades Autonómicas. Esta iniciativa no ha gustado a todos los líderes regionales, puesto que no todas las Comunidades están endeudadas a través de este organismo en la misma medida, y las hay que no han recurrido a este mecanismo. Cataluña encabeza la lista, seguida de la Comunidad Valenciana (78.000 millones de euros) y Andalucía (26.000 millones de euros).

En España existen dos regímenes de financiación autonómico: el foral - al que se adhieren el País Vasco y Navarra- y el común, que se construye sobre los principios de solidaridad y equidad, entre otros. Este régimen , al contrario de lo que sucede con las comunidades forales, establece que las Comunidades recaudan los impuestos cedidos totalmente (el IBI) o parcialmente (como el IVA o el IRPF) por el Estado, para luego entregárselos.

Un modelo desactualizado

Estas tasas se entregan al Estado, que los distribuye entre las Comunidades Autónomas a través de los Presupuestos Generales del Estado, siguiendo varios criterios (población, situación económica, nivel de vida) y a través de fondos como el Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Convergencia o el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales.

Sin embargo, hay Comunidades Autónomas que consideran encontrarse infrafinanciadas, bien porque aportan más fondos de los que reciben o porque el presupuesto que se destina para sus servicios no se corresponde con las necesidades reales de la población.

La ley que rige actualmente este sistema de legislación fue aprobada en diciembre del año 2009, y contemplaba una actualización para el año 2014; esta actualización no llegó cumplidos los cinco años, por lo que el sistema se construye sobre una ley desactualizada. El Gobierno declara haber reunido a un grupo de expertos en el año 2021, que esbozaron un modelo alternativo que, hasta hoy, se ha mantenido en el cajón.

El Fondo de Liquidez Autonómica

Alfonso Rueda, actual presidente de la Junta de Galicia, ha solicitado hoy al gobierno una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir la conformación de un nuevo régimen. El líder popular, con todo, ha llamado a crear un "frente político" entre todas las comunidades para evitar una negociación "bilateral" entre el gobierno y las fuerzas catalanas. Rueda, junto a otros presidentes autonómicos, se ha mostrado crítico con la petición de Junts y Esquerra a propósito del Fondo de Liquidez Autonómica.

En el año 2012, el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro creó el Fondo de Liquidez Autonómica, que tenía el objetivo de dotar a las regiones de fondos de manera más ágil y barata: en lugar de tener que pedir préstamos a entidades privadas, las Comunidades podían endeudarse con el Estado pidiendo un adelanto del presupuesto a través de este Fondo que, años después, el Partido Popular quiere eliminar.

La petición de préstamos a esta entidad era opcional, aunque solo cinco Comunidades Autónomas no han recurrido a él: Castilla y León, Galicia, Navarra, País Vasco y la Comunidad de Madrid. De condonarse la deuda, algunos líderes regionales consideran que se daría un agravio comparativo entre aquellas Comunidades que más deben y aquellas que se han mostrado más solventes con respecto a las cuentas del estado.

Las opiniones de los gobiernos madrileño y valenciano

En este último grupo se encuentra la Comunidad de Madrid, la única Comunidad Autónoma adherida al régimen común que no tiene ninguna deuda con el Estado (si bien, como todas las regiones, sí posee deudas con organismos y entidades privadas). Rocío Albert, Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, ha afirmado que, desde la Comunidad, se combatirá judicialmente cualquier condonación de deuda, que considera una "aberración".

La Consejera afirma que la condonación de la deuda sería, en realidad, una "mutualización" de esta misma, ya que el conjunto del Estado la tendría que afrontar. Por otro lado, Albert afirma que perdonar una deuda de ese modo lanzaría un mensaje negativo a los mercados, que podrían desconfiar de la solvencia de las administraciones españolas.

Otro gobierno del PP, el de Carlos Mazón, en Valencia, se opone a que se negocie esta medida "en el cuarto oscuro del separatismo", tal y como ha manifestado también el presidente murciano Fernando López Miras. Mazón ha pedido que, en el marco de un nuevo paradigma autonómico se "compense" a la Comunidad Valenciana por la "excepcionalidad" a la que considera que se ha sometido a la región, que considera infrafinanciada. Valencia es la segunda comunidad con mayor deuda contraída a través del FLA.

En el otro lado del espectro político, la portavoz de Compromís Águeda Micó ha condicionado también el apoyo de su formación a la "condonación" de la deuda histórica de Valencia.

Las propuestas insulares

En la administración andaluza tampoco han acogido la propuesta con entusiasmo: Rocío Blanco, consejera de Empleo, empresa y trabajo autónomo, se opuso en Canal Sur Radio a que se concediesen "tratos de favor" a algunas regiones, y se refirió a Andalucía como una región "infrafinanciada". Sobre la condonación de deuda a Cataluña, Rocío Blanco ha declarado que "España es un Estado Autonómico donde todos somos iguales ante la ley".

En Baleares, el acuerdo entre PP y VOX que ha llevado a la presidenta a la popular Margarita Prohens incluía la negociación de un nuevo marco de financiación, construido sobre - como reza el acuerdo- "los principios de solidaridad y cohesión y que atiendan a criterios como el crecimiento poblacional, la población flotante o la insularidad, y respetar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal".

En las otras islas españolas, las Canarias, Coalición Canaria también han pedido una revisión del sistema de financiación, si se busca una investidura. "Para empezar a hablar tenemos que tener garantías absolutas de que se va a revisar la financiación autonómica en un plazo definido de tiempo" ha declarado Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, que también pide que en el reparto se tenga en cuenta la insularidad o la lejanía del archipiélago.

Un debate multilateral

En Cantabria, el Partido Regionalista Cántabro solicitará en septiembre la creación de una comisión en el Parlamento Cántabro para debatir las condiciones de un nuevo modelo entre todos los partidos. Pedro Hernando, portavoz parlamentario de la formación en Cantabria, ha pedido una "unión de todas las fuerzas" y que el tema no se utilice como un "arma arrojadiza".

Adrián Barbón, presidente de Asturias, da por hecho que tendrá lugar una negociación futura sobre el modelo, y ha afirmado que su actuación estará "por encima de las banderas". "Mi compromiso es con Asturias, y voy a defender que esa negociación sea multilateral, con todas las Comunidades", ha declarado el dirigente socialista.

Javier Lambán, el presidente en funciones de Aragón, ve inevitables las quitas de deudas en las comunidades, si bien pide que no se den "agravios" en el proceso. El líder aragonés ha propuesto que estas condonaciones no se den solo en las deudas con el Fondo de Liquidez, sino sobre el total de la deuda contraída con el estado: cabe destacar que solo el 54 % de la deuda de Aragón con las arcas del Estado está relacionada con este mecanismo de financiación.

La opinión de las Castillas

A pesar de las diferencias ideológicas, los dirigentes tanto de Castilla y León como los de Castilla-La Mancha están de acuerdo en que, de cara a un nuevo sistema de financiación, deberían tener más peso criterios como la dispersión y la despoblación. Así lo ha defendido Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El delegado considera que, en lugar de tener en cuenta criterios como la población total, se debería considerar la dispersión de esta, pues, como explica Suárez Quiñones, es más caro ofrecer servicios a las poblaciones rurales alejadas entre sí. "Ni Comunidades Autónomas ni Ayuntamientos estamos adecuadamente financiados, concretamente Castilla y León es una de las más agraviadas, porque la financiación autonómica se fijó en su momento por persona y no por territorio".

En Castilla-La Mancha, los socialistas piden que se garanticen los servicios públicos independientemente de la población, tal y como ha manifestado el secretario de organización del PSOE manchego, Sergio Gutiérrez, que afirma que ese método es el más "socialista y justo".

En los dos partidos mayoritarios se han presentado propuestas al respecto de la financiación autonómica; mientras que el programa para el 23-J del PP hablaba de eliminar el FLA, el PSOE se comprometía a actualizar el modelo en un plazo máximo de un año.