El Partido Popular ha presentado un escrito de reclamación electoral ante la Junta Electoral Central (JEC) "para que se acuerde la apertura de expediente sancionador" contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, a causa del "estudio metodológico sobre las tendencias de definición/decisión de voto a lo largo de la campaña electoral de julio de 2023".
Tal y como apuntan desde el PP "esto en realidad es lo que se conoce como un 'tracking' electoral que, diariamente, permite ir detectando la evolución de la intención de voto a lo largo de la campaña, como demuestra que el contenido y la formulación de las preguntas fuesen exactamente iguales a los habituales barómetros mensuales del CIS".
Por ello, según denuncia la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo, es "evidente que los datos tenían una aplicación práctica, ya que pudieron detectar la evolución de los apoyos a los partidos en una fase de la campaña que resultó crítica". Sostienen que "el CIS debería haber enviado esta información a los representantes de los partidos que lo hubiesen solicitado, como el Partido Popular, tal y como está recogido en las resoluciones de la JEC y en la legislación vigente para garantizar el principio de igualdad de armas".
El PP alega que "quien sí tuvo acceso a dichos datos fueron las dos empresas públicas dependientes del Gobierno, el CIS y Tragsatec". Además, recuerdan que para poder acceder a ellos es imprescindible un usuario y 'password' y solicita que no se destruyan ningún documento, que identifiquen a las personas que han accedido y que un perito independiente certifique la trazabilidad del uso de las aplicaciones, los accesos y los posibles usos que se hayan hecho de los datos".
Delito electoral o de financiación irregular
Según explica la formación popular, podríamos estar ante "un delito electoral e incluso de financiación irregular de la campaña de un partido, en este caso de las formaciones del Gobierno de coalición, que han podido concurrir a las elecciones con una ventaja sobre las demás candidaturas, al margen del reproche penal que pudiese tener el mal uso de fondos públicos por parte de las instituciones implicadas".
Por su parte, el partido de Feijóo censura que las encuestas se realizaron "sin anonimizar, algo que está absolutamente prohibido". Por lo que declaran que es "absolutamente intolerable y desborda cualquier precepto normativo en un sistema democrático que un organismo dependiente del Gobierno pregunte en periodo electoral sobre el sentido del voto ya emitido por correo".
El PP apunta que "estos datos están a disposición del CIS y del personal de Tragsatec sin saber con qué fin podrían ser utilizados". Se trata, por tanto, de "una circunstancia que podría vulnerar la protección de datos protegidos por la ley".
Asimismo, recalca que no estaba incluido en el plan de acción inicial presentado por el CIS, por lo que destaca "la falta de transparencia de la institución y le pregunta cuándo decidió elaborarlo y qué coste tuvo".
También solicita a la JEC que, "en el caso de que en el futuro el CIS decida realizar 'trackings' diarios en una campaña electoral, ordene a dicha institución que ponga a disposición de los partidos que lo soliciten los resultados diarios de dichas encuestas". Y pide que "de observar conductas susceptibles de delito, se acuerde su traslado inmediato a la Fiscalía para ser investigado en el orden penal".
