La ley de vivienda entró en vigor el pasado 26 de mayo. Con el adelanto electoral, su contenido queda a expensas de lo que decidan las urnas el próximo 23 de julio. Los partidos ya se han manifestado al respecto.
Los principales puntos de la ley vigente se centran en garantizar el acceso a la vivienda de los jóvenes, topes en el precio al alquiler y las subidas de impuestos a los grandes tenedores.
- Topes al alquiler: Para este año 2023, se toparán los alquileres en un 2%. Para el próximo año 2024 el tope será del 3% en 2024 y a partir de 2025, estará basado en el IPC.
- Grandes tenedores: Asimismo, se obligará a los grandes tenedores, las personas que posean más de 5 viviendas de uso residencial y que esté destinada al alquiler, a bajar los alquileres en base al índice de referencia de las propiedades que se encuentren en zonas tensionadas.
- Pequeños propietarios en zonas tensionadas: Por su parte, se darán ayudas a los pequeños propietarios, los que tengan menos de 5 viviendas en alquiler en zonas tensionadas, que puedan bajar los precios, a través de una bonificación fiscal en el IRPF.
- La ley también penaliza por tener una vivienda vacía, una medida que intenta acabar con este fenómeno. Los ayuntamientos podrán aplicar un recargo del IBI
- Se destinará un 20% de las nuevas promociones a vivienda social, para alquiler o venta, si la obra se realiza sorbe suelo urbano.
- Para realizar un desahucio se requiere un informe que acredite si se trata de una persona vulnerable la que va a ser desahuciada.
- Desalojo de okupas: Las Fuerzas de Seguridad del Estado no podrán hacer intervenciones por sorpresa, tendrán que comunicar el día y la hora. El propietario del inmueble tiene que hacer todas las acreditaciones relacionadas con la vivienda, desestimándose "las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique" si "el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona okupante".
Propuestas de cara a las elecciones del 23J
El PSOE plantea construir 183.000 viviendas públicas para alquiler, de las cuales la mitad será para jóvenes, la ampliación del Bono de Alquiler Joven y la creación de una cuenta de ahorro para la compra de primera vivienda, permitiendo ahorrar hasta 30.000 euros libres de tributación.
Tanto el PP como VOX se comprometen a derogar la Ley de Vivienda mientras que Sumar apuesta por modificarla para incluir, entre otras medidas, el alquiler social obligatorio para grandes tenedores. En concreto, el PP propone un pacto de Estado por la Vivienda; un programa de avales para jóvenes de hasta 35 años por hasta el 95 % del precio; movilizar suelo público para construir casas asequibles y en régimen de alquiler y promover la vivienda social.
VOX apuesta por reformar, entre otras leyes, el Código Penal para evitar la ocupación ilegal y exime a los propietarios de inmuebles "okupados" del pago del IBI durante este periodo, a la vez que pide eliminar el IVA en la compra de la primera vivienda habitual y recuperar la deducción por vivienda habitual.
Sumar propone un bono para la compra de vivienda habitual para los hogares con hipoteca variable de 1.000 euros; fijar en las áreas tensionadas un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico; y aumentar la duración mínima de los contratos de alquiler tendiendo a que sean indefinidos.