Sólo 10 diputados han renunciado a la indemnización tras disolverse las Cortes

Sólo diez de los 212 diputados que perdieron el escaño con la disolución de las Cortes han renunciado a la indemnización de transición que paga el Congreso para cubrir el periodo entre legislaturas. Ello supone que el 95,28% de los ya exdiputados pidió que se les abonara este 'finiquito' transitorio, que oscila entre los 10.000 y los 13.000 euros y que es incompatible con cualquier otro ingreso público o privado.

El reglamento de pensiones de los miembros del Congreso regula la percepción de una indemnización para afrontar el período de transición entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas tras las elecciones, ya que en esas semanas aún no se puede saber si el afectado va a continuar en el cargo la siguiente legislatura. Es distinta a la indemnización por cese que puede reclamar un parlamentario cuando han pasado las elecciones y ya se ha confirmado que se ha quedado sin escaño.

Esta indemnización de transición la pueden pedir los 212 parlamentarios que no forman parte de la Diputación Permanente del Congreso, ya que los otros 137 son titulares o suplentes de ese órgano y, por tanto, siguen percibiendo su salario habitual.

Se trata de una ayuda que se abona en un solo pago y que tributa a Hacienda. No se da automáticamente, sino que los exdiputados deben solicitarla expresamente a la Cámara. Y acabado el plazo para ello, fuentes de la Cámara apuntan que al menos 202 de ellos la pidieron por escrito y que sólo una decena ha declinado.

Ni Sánchez ni Yolanda Díaz pueden cobrarla

La ayuda es incompatible con cualquier otro ingreso, sea público o privado. Por tanto, entre los beneficiarios no pueden estar los miembros del Gobierno que han perdido el escaño con la disolución, como el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Alberto Garzón, ya que siguen percibiendo un salario del Estado.

La cuantía corresponde a la retribución que cobrarían sus señorías de seguir en activo durante los 78 días que median entre la disolución y la víspera de la constitución del nuevo Congreso, prevista para el 17 de agosto.

Incluye la denominada retribución constitucional (3.126,89 euros), la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (958,75 euros para los de Madrid y 2.008,61 para el resto), y también los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso.

Por tanto, ese pago único podría oscilar entre los 10.200 euros de los diputados de base de Madrid hasta los casi 13.000 euros de parlamentarios de otras circunscripciones, a los que habría que sumar los complementos que viniera percibiendo cada uno en función de su cargo en la Cámara.

Después pueden cobrar dos años de paro

Los miembros de la Diputación Permanente continuarán siendo diputados hasta que se constituye el nuevo Congreso, lo que tendrá lugar el 17 de agosto. Celebradas las elecciones, los diputados que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público podrán pedir una indemnización por cese, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.

Ese 'paro' será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 3.126,89 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.

Y quienes hayan logrado escaño en las elecciones del 23 de julio percibirán su sueldo con efectos desde el día de la votación. Si ya hubieran cobrado la indemnización de transición, la Cámara les realizará el ajuste correspondiente para no cobrar dos veces.