Los países de la Unión Europea se resisten a tomar una decisión sobre la petición española de oficializar el uso del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque.
Así ha quedado patente tras 40 minutos de discusión en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea celebrada en Bruselas y que ha concluido sin que el asunto se sometiera a votación, porque las delegaciones necesitan "más tiempo" para estudiar el asunto, han informado fuentes europeas.
Una veintena de ministros han tomado la palabra para expresar sus dudas y la presidencia de turno que ejerce España ha "tomado nota" de las posiciones de sus socios en la UE y anunciado que el Consejo "retomará el asunto en una reunión futura", sin aclarar los plazos, han señalado las fuentes.
Más detalles sobre el coste de la medida y su impacto para el presupuesto comunitario
Una vez constatado que los países reclaman más detalles sobre el coste de la medida y su impacto para el presupuesto comunitario, así como el estudio jurídico de su impacto para otras lenguas europeas, le corresponde ahora a la presidencia española preparar los siguientes pasos, tanto derivar la discusión técnica a los grupos de trabajo previstos en el seno del Consejo como encargar la opinión de los juristas de la institución.
Para salvar las reservas de sus socios en la UE, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ofreció que fuera España quien asumiera el coste de traducir e interpretar el catalán, euskera y gallego en las mismas condiciones que el resto de lenguas oficiales de la UE, pero ello también planteó dudas jurídicas porque el reglamento europeo establece que debe ser financiado por las arcas comunitarias.
Antes del arranque de la reunión en Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se apoyó en el derecho a expresarse en catalán, euskera y gallego que desde este martes se aplica en el Congreso de los Diputados para instar al resto de países de la Unión Europea a permitir su reconocimiento como lenguas oficiales del bloque comunitario.
"No se trata de una propuesta nueva o inédita, hace casi 20 años que España viene solicitándolo", ha insistido Albares en una declaración sin preguntas, para subrayar después que ya existen "arreglos administrativos" en el seno del Consejo y de la Comisión Europea que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales, aunque no hay un régimen equivalente con el Parlamento Europeo.
