¿Cumplen los 44 condenados por delitos etarras la integridad de los requisitos para concurrir a una cita electoral? La lógica invita a pensar que sí puesto que han pasado el corte de las juntas electorales, pero la asociación de víctimas Dignidad y Justicia quiere que se revisen sus condenas de inhabilitación porque no sería la primera vez que un repaso a estas penas obliga a variar el cálculo inicial de la liquidación de las condenas.
Recibida la denuncia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional estudiará si abre una investigación para determinar si, como pide la asociación, analiza en unas "diligencias preprocesales" la petición de DyJ: que se compruebe "si han cumplido íntegramente las penas de inhabilitación para ejercer cargo publico y para el sufragio pasivo, como exige la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para poder concurrir a unas elecciones.
En la denuncia a la que ha tenido acceso Onda Cero, la asociación repasa los antecedentes de los 44 etarras, de los que siete fueron condenados por asesinato, y llega a la conclusión de que cabe la posibilidad de que alguno tenga pendiente de cumplimiento la pena de inhabilitación impuesta en su condena. De esta manera, se daría una causa de inelegibilidad , así como un posible delito de quebrantamiento de condena, según esta asociación.
Hay precedentes
"Existen precedentes en los que hemos denunciado hechos esencialmente idénticos en los que se ha podido acreditar que sujetos condenados por delitos de terrorismo han concurrido a unos comicios a pesar de no tener cumplida la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público", recoge la denuncia.
La asociación que dirige Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del TSJ de Andalucía, Luis Portero, asesinado por ETA en el año 2000, cita el ejemplo de Iker Casanova Alonso, caso en el que la Fiscalía General del Estado les dio la razón ya que en la sentencia no se había especificado "a qué empleo o cargo publico afectaba dicha pena privativa de derechos".
El propio líder abertzale Arnaldo Otegi sería otro precedente cuando la Junta Electoral del Territorio Histórico de Guipúzcoa acordó en 2016 excluirle como candidato de EH Bildu, al asumir los cálculos que había hecho DyJ respecto a las ejecutorias de 47 condenados.
Posible ilegalización
DyJ considera que esta concurrencia de condenados puede suponer "un flagrante incumplimiento de la Ley de Partidos Políticos", lo que daría lugar a su "ilegalización".
Además, llama la atención sobre el hecho de que los siete etarras condenados por asesinato concurren “en los propios municipios en los que los cometieron y viven sus víctimas”, lo que en sí mismo les causa humillación y vilipendio.
Frecuente pero inevitable
Desde la AVT, la abogada Carmen Ladrón de Guevara, ha destacado en Twitter la frecuencia con la que las listas abertzales incluyen a candidatos condenados por terrorismo.
"Desde que en 2011 se les dejó participar en las elecciones a través de Amaiur, Sortu y EH Bildu, en todas las ocasiones han presentado a condenados por delitos de terrorismo como candidatos, aunque eran pocos casos y, normalmente, sin delitos de sangre", señala Ladrón de Guevara en esta red social.
La AVT compara los 105 candidatos con vínculos etarras presentados desde 2011 en Amaiur, EH Bildu y Sortu, pocos en cada ocasión y normalmente sin delitos de sangre", con los 44 que concurren ahora de golpe, siete de ellos con asesinos a sus espaldas.
Sin embargo, según los cálculos de esta asociación, los 44 "tienen cumplidas las inhabilitaciones absolutas fijadas durante el tiempo de la condena y las especiales, los que las tienen, para cargo publico por lo que no incurren en causa de inelegibilidad".
En todo caso, la cuestión está ahora en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que, en un comunicado, informa de que ha recibido la denuncia y que aplicará lo dispuesto en la "Circular del Fiscal General del Estado sobre la actividad extra procesal del Ministerio Fiscal en al ámbito de la investigación penal". De esta manera, la fiscal jefa Marta Durántez, analizará los hechos y decidirá "si procede abrir diligencias de investigación preprocesales".
