La 'okupación', Bildu y la compra de votos protagonizan la campaña del 28M: esto ha sido lo más comentado

Este sábado tiene lugar la jornada de reflexión en la que los electores pueden sopesar su decisión en las urnas el 28M. En esta jornada los candidatos y los líderes políticos que les han apoyado durante la campaña, aprovechan para descansar y hacer diversas actividades de ocio, solos o en familia.

Ayer, 26 de mayo a las 23:59 horas, finalizó la campaña electoral que ha durado quince días y desde su inicio ha estado marcada por la polémica.

Las críticas a la Ley de vivienda, la inclusión de terroristas en las lista de Bildu (y la posterior rectificación del partido) o la corrupción derivada de la compra de votos han sido algunos de los temas que han ensombrecido la campaña, especialmente en los últimos días.

La vivienda y los okupas

La nueva ley de vivienda se puede aplicar desde este viernes 26 de mayo. Se trata de una de las leyes estrella del Gobierno de Pedro Sánchez que pone el foco en el alquiler para facilitar el acceso a vivienda, especialmente para los jóvenes.

Sin embargo, el PP ha criticado duramente la norma utilizando la 'okupación' como arma arrojadiza contra Sánchez. Los populares calificaron de "chollo para los okupas" la ley argumentando que "dificulta el procedimiento para que los propietarios recuperen sus inmuebles".

Lo que la nueva ley dice es que los 'okupas' que entren por la fuerza a una vivienda seguirán siendo desalojados, aunque el proceso sí se puede alargar. La norma busca proteger a las familias vulnerables en caso de desahucio y para ello modifica algunos requisitos para los propietarios.

Así, la norma contempla los siguientes aspectos:

• Las Fuerzas de Seguridad del Estado no podrán hacer intervenciones por sorpresa, tendrán que comunicar el día y la hora.
• El propietario del inmueble tiene que hacer todas las acreditaciones relacionadas con la vivienda, desestimándose "las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique" si "el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona okupante".
• En el caso de ser un gran tenedor, se le cancelarán todos los procesos si no certifican que han intentado conciliar con los infractores que sean considerados vulnerables

Condenados por terrorismo en las listas de Bildu

En la primera semana de campaña, la incorporación de 44 condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu (siete de ellos condenados por delitos de sangre) provocó un torbellino de críticas. Desde el PP, Ayuso llegó a decir que "ETA está viva" y planteó la posibilidad de ilegalizar a Bildu.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que Bildu se "equivocó" en la elaboración de las listas electorales y destacó que aunque fuese legal la inclusión de condenados por terrorismo, "no es decente".

Finalmente, los siete condenados por delitos se sangre renunciaron a concurrir a las elecciones y prometieron que en ningún caso entrarían en concejalía tras los comicios del 28M.

Compra de votos

En la recta final de la campaña, el PSOE se ha visto salpicado por un escándalo de corrupción: la compra de votos en Melilla.

La Policía Nacional detuvo al menos a diez personas en el marco de la investigación judicial que se abrió ante la sospecha de un intento de fraude electoral tras dispararse el voto por correo desde 4.200 de las elecciones de 2019 a los actuales 11.700, casi el triple en Melilla.

Entre los detenidos, se encontraba el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal, y el yerno del presidente de Coalición Por Melilla, Mustafa Aberchán. Otro fue Felipe Heredia, al que algunas fuentes relacionaron con el PP.

Tras conocerse lo sucedido en Melilla, se empezaron a destapar otras tramas similares. En Mojácar (Almería) la Policía detuvo asiete personas en una operación contra la compra de votos. Según pudo confirmar Onda Cero, dos de los siete detenidos formaban parte de las listas del PSOE en dicha localidad. Concretamente, el número dos (Francisco Bartolomé Flores Torres) y el número cinco (Cristóbal Vizcaíno González).

La operación abierta partió de una denuncia ante un presunto fraude electoral realizada por un particular que se habría visto afectado por la supuesta trama que, conforme a los primeros indicios, habría afectado a un "número indeterminado de votos". Varios medios publicaron el jueves cómo funcionaba la trama, que pagaba entre 150 y 250 euros por voto.

El modus operandi era muy similar al de Melilla: el objetivo eran personas con pocos recursos, principalmente inmigrantes, y se les ofrecía dinero, ayudas o mejoras laborales a cambio del sobre con el voto por correo. Luego la trama era la que lo llevaba y entregaba en las oficinas de Correos. Al número dos de la lista, Francisco Bartolomé Flores, le pillaron con una saca de 200 votos por correo listos para entregar que guardaba en casa de un familiar, también detenido en esta operación de la UCO de la Guardia Civil.