Es la principal conclusión de la sentencia del Tribunal Supremo, que rechaza el recurso de casación interpuesto por Ecologistas en Acción.
El Gobierno no tendrá la obligación de limpiar los nueve kilos de plutonio y americio diseminados en 40 hectáreas de terreno.
El Supremo tampoco fija un plazo para el almacenamiento temporal de una cantidad de metros cúbicos de tierra contaminada.
El Grupo Ecologista podrá recurrir ahora a Estrasburgo si quiere reabrir el caso.
