La provincia de Cádiz tiene muchos secretos por descubrir. Sus paisajes naturales y su calidad de vida son el principal motivo para visitar la provincia de muchas personas del resto de España. Pero la historia rezuma por todos los rincones de Cádiz y uno de esos rincones es vital para entender la libertad de prensa en España: el Real Teatro de las Cortes de San Fernando, que en 1810 fue sede constitucional. Es en este lugar donde se firmó el primer decreto en la historia de España y del periodismo hispano que recoge la libertad de imprenta.
El contexto histórico no es baladí para entender el por qué de la necesidad de proteger en una ley la libertad de imprenta: la convulsión política reinante en España que provocó la Guerra de la Independencia Española exigió importantes transformaciones en la política y en la sociedad. Y bajo ese contexto se desarrollaron ideales que estaban solo en la cabeza de los más intelectuales. La España liberal que comenzaba a latir, esa nueva España, tenía como asunto de interés primordial la libertad de imprenta.
Las denominadas Cortes de Cádiz, que dieron luz a la primera Constitución democrática Española -la conocida ‘La Pepa’- se constituyeron el 24 de septiembre en San Fernando, por aquel entonces ‘La Isla de León’. Es allí donde se comenzó a trabajar en esta primera constitución que terminó de redactarse y promulgarse en el Oratorio de San Felipe Neri. A esta primera sesión acudieron 102 diputados, 56 propietarios y 46 suplentes, aunque el Congreso de los Diputados habla de un acta de Nicolás María de Sierra que apunta que asistieron 104 diputados.
San Fernando pasa a la historia el 24 de octubre de 1810 ya que se podría definir que España, por aquel entonces, pasó de ser una soberanía nacional, dejando atrás el absolutismo, señalando entre otras cosas la separación de poderes del Estado. El otro gran decreto que promulgaron las Cortes Constituyentes fue el decreto que promulgó la libertad de imprenta en España: pese a sus limitaciones, fue un hito del primer constitucionalismo. Los liberales reformistas de las Cortes de Cádiz situaron como uno de los principales retos: tres días después del inicio de la legislatura, se constituyó la comisión que elaboró el proyecto de decreto. Este se presentó el 8 de octubre de 1810, el 14 se debatió y el 19 de octubre se aprobó con 68 votos a favor y 32 votos en contra.
¿Qué se regulaba?
Los diputados liberales que defendieron este decreto argumentaron que la libertad de imprenta era un derecho del ciudadano. Además, también defendieron que era una forma de educar a la ciudadanía, aseguraron que la libertad de imprenta era una forma de 'fiscalizar' el mal gobierno y además, adujeron la necesidad de la libertad de imprenta con respecto al contexto bélico en el que se encontraba el país por aquel entonces. El decreto de libertad de imprenta que surgió de ese debate fue el primero que abordó la libertad de expresión como garante de la sociedad: "Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y. estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación", reflejaba este texto.
Se abolieron los sistemas de censura previa existentes, se reflejó el principio de la responsabilidad individual de escritores e impresores y se comenzó a exigir en las publicaciones de carácter no religioso que figurase el nombre del impresor del documento. También se establece una Junta de Censura provincial y Suprema que atendía las denuncias contra las publicaciones no religiosas, siempre recibidos por parte del poder ejecutivo o judicial, nunca por motu proprio. Sobre las publicaciones religiosas, los obispos no pueden negar la licencia de impresión sin examinar el escrito.
San Fernando, cuna constitucional
La ciudad de San Fernando entiende bien la importancia de este día y de manera bianual entrega el Premio a la Libertad de Expresión, que entrega a instituciones o personalidades al hilo de la conmemoración del Bicentenario de las Cortes de Cádiz. El primero de ellos fue el foto-periodista Emilio Morenatti, recientemente galardonado con el Premio Pulitzer por sus fotografías de la pandemia de la Covid 19. La última galardonada fue la periodista mexicana Lydia Cacho, que huyó a España por ser amenazada de muerte por ejercer su profesión en su país. Esta distinción se entrega desde 2010 en el Real Teatro de las Cortes, el mismo escenario de la firma de este decreto, en un acto institucional que pone de relieve el papel de los homenajeados en el desarrollo de la libertad de expresión, opinión y el derecho a la información.
