Barbate se juega mucho tras el trágico suceso del nueve de febrero en el que dos guardias civiles fueron asesinados en el Puerto de Barbate. Las llamadas de alerta del Gobierno de Barbate no son nuevas: desde hace años demandan desde el consistorio barbateño más caso por parte de las diversas administraciones supramunicipales porque adolecen de inversiones socioeducativas, de infraestructuras, o sanitarias.
El pleno del Ayuntamiento de Barbate ha aprobado un Plan de Especial Singularidad del municipio por el que demandan la compensación histórica de más de 400 millones de euros con la ciudad, ya que consideran desde el municipio que la servidumbre del más del 80% de su territorio les ha perjudicado en su desarrollo y sin recibir partidas económicas especiales, a diferencia de otros municipios como Rota y Morón.
El esfuerzo que la sociedad de Barbate ha realizado en los últimos años para dejar atrás la imagen de un pueblo manchado por el narcotráfico se ha visto dañado por lo ocurrido, y desde el Ayuntamiento de Barbate están especialmente molesto con el tratamiento que se le está dando a las noticias que están ocurriendo en los últimos días.
El alcalde de Barbate, Miguel Molina, defiende en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz que su gobierno ha sido el primero que ha condenado los asesinatos en la ciudad, que encabeza la demanda de más medios para la ciudad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y que reclama más recursos para la ciudad para hacer frente a esto y por eso cree injusto con la ciudad el enfoque con el que se está tratando el suceso.
Si de mi dependiera la Guardia Civil no estaría como está
Miguel Molina ha arremetido de manera directa con el Ministerio del Interior sobre su gestión del Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar y sobre cómo se gestionan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la comarca de la Janda. Dice el regidor barbateño que si de él dependiera no estarían como están, "en una situación precaria", y habría agentes como debe haberlos.
Además, dice que los fondos destinados son insuficientes ya que los ochenta millones de euros anunciados "los narcos se lo gastan en un mes". Dice Miguel Molina que deben invertir en seguridad las administraciones que tienen las competencias oportunas, y por eso "pone en evidencia desde hace años" la falta de medios.
