El alcalde de Cádiz, José María González, ha pedido este jueves la dimisión de la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez y del director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Ignacio Romaní además de las disculpas públicas de Juancho Ortiz y el Partido Popular de Cádiz, “por su uso torticero de la justicia” tras su absolución por parte del Tribunal Supremo por el delito de calumnias por unas declaraciones sobre la gestión del PP en la sociedad Aguas de Cádiz durante los cortes de suministro de agua en el barrio de Loreto en octubre del año 2014. El alcalde ya fue absuelto en Primera Instancia junto al exconcejal Lolo González Bauza y el jefe de Gabinete José Vicente Barcia, y tras un recurso del PP ante la Audiencia Provincial fue condenado, decisión que ha sido revocada por el Tribunal Supremo.
“Esta denuncia no es una denuncia cualquiera. Es la denuncia en la que se ha basado todo este tiempo el PP para hacer política, para restregarme que me encontraba imputado, pese al criterio contrario del Juzgado de Instrucción número 3 que archivó la querella, pese al criterio contrario de varios fiscales”, ha afirmado en su comparecencia José María González. “Ellos, que maltratatron a un barrio como Loreto y a su gente, encima, tienen la poca decencia de denunciar a quien arrojó luz al caso”. El alcalde de Cádiz ha pedido la dimisión de sus cargos públicos tanto de Teófila Martínez como de Ignacio Romaní, “no solo en mi nombre, sino en el nombre de los miles de ciudadanos que tuvieron que soportar durante días no beber agua en su casa porque estaba en mal estado, unos vecinos a los que luego se les cortó durante más de veinte días el suministro ante un enorme manto de silencio y oscurantismo”.
La decisión ha sido tomada por unanimidad
González ha destacado la contundencia del Tribunal Supremo en el que sus cinco magistrados, por unanimidad, han acordado su absolución. “Ni un solo voto en contra, ni el menor atisbo de duda en que esta cruzada política del PP no tenía ni pies ni cabezas más allá de enturbiar y entorpecer”. José María González se ha reafirmado en sus palabras de 2016 en las que “dije que existían análisis que dieron positivo, que invitaban a cortar el agua, y hubo una decisión política, repito, política, no de los técnicos y trabajadores de Aguas de Cádiz, sino de los políticos responsables de no hacerlo, y de ocultárselo a la Junta de Andalucía y a la ciudadanía”. González ha subrayado que “la Justicia da la razón a mis declaraciones” al tiempo que ha destacado que “lo que no se sabía entonces y ahora se conoce es que mientras no se invertía ni un sólo euro en el mantenimiento de las redes de suministro de la ciudad y, especialmente en los barrios obreros, Ignacio Romaní derrochaba el dinero público que debía destinarse a ello en gambas, Campari y comilonas”.
