La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha mantenido una reunión con los portavoces de los grupos políticos con representación municipal para comunicarles el protocolo a seguir por parte del Ayuntamiento de Puerto Real en materia sanitaria de cara al inicio del curso académica. El Ayuntamiento de Puerto Real va a destinar todos los recursos económicos y materiales necesarios de cara a cumplir con las obligaciones que les pertenece al gobierno local de cara a la materia educativa y sanitaria. En este sentido Amaya ha asumido el informe que la Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Cádiz ha emitido para despejar las dudas de los municipios ante el reto de volver a las aulas con garantías sanitarias para toda la comunidad, una tarea en la que cada una de las administraciones tiene una obligación bien definida. Se reconoce en el informe la obligación de las entidades municipales pasa por la conservación, mantenimiento y vigilancia en los centros donde se imparta segundo grado de infantil, primaria y educación especial, siendo en los consejos escolares en donde deben canalizarse las demandas de cada centro.
Teniendo en cuenta que la situación actual es extraordinaria, y ante la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda tener nuevas responsabilidades, Amaya asegura que la Ley señala que su atribución tendría que hacerse bien mediante transferencia –por norma con rango de ley- bien mediante delegación a través de un decreto con aceptación voluntaria del Ayuntamiento, o bien mediante encomienda de gestión por convenio. En todos los casos deberá ir acompañados de los recursos financieros necesarios. Dado que esta atribución de nuevas competencias no se ha producido, Amaya asegura que las medidas de prevención para garantizar una vuelta segura al colegio, en materia de desinfección, es una competencia clara de la Junta de Andalucía. Y en el caso de que se le atribuya dicha competencia a los ayuntamientos deberá garantizarse, desde el punto de vista económico, la suficiencia financiera.
La regidora puertorrealeña ha reconocido su preocupación por la “pasividad de la Junta de Andalucía, que ni siquiera responde a los requerimientos de información e incluso propuestas de actuación colectiva que se le han hecho llegar tanto desde la entidad provincial como de la Federación de Municipios y Provincias”.
