El Ayuntamiento de Puerto Real se acogerá al nuevo fondo de financiación de entidades locales, por un importe de 1.845.717,98 euros, tras adherirse al mecanismo de pago a proveedores puesto en marcha por el gobierno central. La propuesta, que tenía que pasar por el pleno municipal, se ha aprobado este lunes en una sesión extraordinaria, con el voto positivo de PSOE, Andalucía Por Sí, Ciudadanos y Equo y la abstención de Adelante Puerto Real. Antes de aprobar tal operación, y con el mismo sentido del voto de los distintos grupos municipales, ha salido adelante la propuesta de modificación del Plan de Ajuste, atendiendo a lo dispuesto en la disposición adicional 94 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022; así como la aprobación inicial del Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento de Puerto Real.
El responsable municipal de Hacienda y Desarrollo Económico, RufinoMorillo, ha sido el encargado de explicar los pormenores del tema que marcaba la sesión plenaria. En lo relativo el punto para dotar de un reglamento de control al Ayuntamiento, ha destacado que “el dinero público ha de ser utilizado de manera adecuada, con la base de que una gestión eficiente y eficaz es la que consigue el objetivo previsto con el menor gasto posible”. Y a ello contribuirá este documento, ha incidido. En esta línea, ha explicado, trabaja el actual equipo de gobierno, que ha agradecido, tanto por parte de la alcaldesa, Elena Amaya, como del propio delegado, “el buen trabajo realizado tanto desde Intervención como de Tesorería, que han trabajado a destajo, para sacar adelante el reglamento y trabajar por poner en orden las cuentas del Ayuntamiento”.
El objetivo, amortizar deuda
En su intervención sobre el reglamento, Rufino J. Morillo ha subrayado que “el control económico presupuestario más riguroso que se propone con éste ha de contribuir a reforzar la transparencia ante la ciudadanía de las cuentas de la entidad local, de forma que proporcione una información fiable y completa sobre la gestión desarrollada”. En este sentido, ha defendido que “es un combate directo y eficaz contra el despilfarro y el fraude, algo que resulta de una necesidad imperiosa si pretendemos incrementar la confianza de la ciudadanía en sus gestores públicos”. El control del gasto que se propone persigue, en palabras del edil, “evaluar cómo se puede optimizar, en la medida de lo posible, la gestión de ingresos sin que ello suponga elevar la presión fiscal o impositiva”
Morillo ha resaltado que “desde el inicio del mandato corporativo, hemos tratado de ir amortizando deuda, porque es algo que da mayor margen al presupuesto municipal para maniobrar y poder acometer con mayor solvencia o mejorar los servicios que estamos obligados a prestar”. Por tal motivo, aunque este plan de actuación aprobado tiene un periodo de amortización de 12 años, con los cuatro primeros de carencia, la intención del equipo de gobierno es atender los pagos en el menor tiempo posible, a través del superávit que pueda generarse.
