La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, ha pedido a la presidenta, Almudena Martínez del Junco, que pare, rectifique y apruebe un reparto justo y legal del remanente de 31,5 millones entre todos los ayuntamientos de la provincia, como se realizó el año pasado. En el caso de que desde el Gobierno de la Diputación no se corrija “ese reparto que es claramente irregular”, el PSOE- ha asegurado la portavoz socialista- va a ir hasta las últimas consecuencias. “Estamos trabajando con juristas, con expertos en ley de contratos, para irnos a un contencioso que determine la irregularidad del reparto del dinero de todos los gaditanos y estudiaremos en ese caso, si es susceptible de elevarlo a la Fiscalía”, ha precisado.
Sostiene Carrera que en el Grupo Socialista “tenemos la certeza de que han llamado por teléfono discrecionalmente a algunos alcaldes para decirles que tenían dos horas para presentar proyectos, si querían que su ayuntamiento fuese beneficiario de estos fondos”. Y ante ello, se pregunta, “por qué se llama a unos Alcaldes sí y a otros no; si ha habido plazo para que todos los ayuntamientos presenten proyectos; si ha habido un criterio para hacer ese reparto; si ha existido una mesa técnica que valore y selecciones los proyectos o solo el criterio político de la propia presidenta o de los vicepresidentes?”. “Desde el PSOE estamos recopilando toda esta información, desde llamadas a algunos alcaldes, como las que les he comentado, Whatppsap, que algunos nos han hecho llegar donde se demuestra el procedimiento que han utilizado para hacer ese reparto… Hemos pedido documentación para verificar o aclarar lo que sospechamos, y es que ha habido irregularidades en ese reparto de dinero público”, resalta para recordar que “la ley es muy clara, o hay una concurrencia, para que todos los ayuntamientos puedan presentar proyectos o hay unas bases que establezcan los criterios, que puede ser orden de entrada en registro, criterios de población… o se justifica una singularidad o excepcionalidad en un proyecto”. “Pero desde luego, la ley no permite que el criterio o procedimiento sea el dedazo ni tampoco contempla que la única singularidad sea ser ayuntamiento del PP, que es lo que aquí ha ocurrido”, incide.
Ana Carrera ha realizado, con papeles en la mano, una comparativa del reparto de los fondos realizado el año pasado por valor de 30 millones del Dipuinvierte, una cifra similar a la de este año, publicado en BOP y que alcanzó a todos los municipios y ELAS, frente al expediente aprobado el pasado Pleno sin ninguna base aprobada, sin criterio y para solo 11 ayuntamientos y una ELA. Y en turno de preguntas, ha puesto de ejemplo los planes de empleo aprobados en octubre de 2022 en base a los criterios de población y desempleo. “Singularidad es por ejemplo el Museo de Lola Flores que tiene que ir en Jerez porque no podría construirse en otro municipio, pero no un campo de rugby en El Puerto de Santa María”, ha apuntado.
