En concreto, las organizaciones han considerado "insuficientes" los pasos tomados hasta ahora si lo que se quiere es un sector primario "viable" durante los próximos 20 años y por ello han denunciado una "falta de confianza e inseguridad" al respecto de las negociaciones abiertas con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que podrían desembocar, han anunciado, en "nuevas movilizaciones".
En un documento "reivindicativo", bautizado 'Agricultura, cuestión de Estado', las tres asociaciones proponen doce medidas, entre las que destaca, una solución para la PAC que pasan por una simplificación "real y efectiva" a través de una reducción de la burocracia.
"Esta PAC no era la que necesitaba el campo español y lo dijimos", ha criticado el presidente de Asaja, Pedro Barato, mientras consideran que la "trampa" en los últimos presupuestos se ha traducido en "menos dinero" para los agricultores y ganaderos españoles.
Atendiendo al frente del comercio internacional, se ha pedido la introducción de las 'cláusulas espejo' y un estricto cumplimiento de los acuerdos comerciales rubricados por los países europeos para evitar una competencia "desleal" de terceros países.
"La guerra de Ucrania tiene consecuencias, pero los barcos salen llenos de cereal y fomentan la competencia desleal en el sector", ha denunciado en Asaja.
En lo relativo a la Ley de la Cadena Alimentaria de 2020, Cooperativa Agro-alimentarias ha solicitado su reformulación con el objetivo de garantizar la "rentabilidad" de las explotaciones.
"Estamos falseando lo que hacemos creer a los agricultores: para subir la rentabilidad y mejorar los precios hace falta aplicar política agraria y no presión sobre las cooperativas", ha espetado Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias.
Sin embargo, la mayor de las exigencias se ha concentrado en materia ganadera al exigir que cesen los ataques y las campañas de desprestigio que vinculan al sector con el calentamiento global o con enfermedades graves.
También ha habido una petición expresa al Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz por la última de las reformas laborales. A este respecto, se ha considerado la "necesidad" de que se tengan en cuenta las particularidades del campo. En concreto, lo que se ha pedido es la aplicación de los contratos de 90 días en las campañas agrarias cuando haya necesidades de producción que lo requieran.
"Es una barbaridad quitarnos la temporalidad", ha insistido Miguel Padilla, secretario general de COAG al tiempo que ha pedido medidas de apoyo "reales" al relevo generacional no solo con la incorporación de jóvenes al campo, sino también su permanencia.
En lo que respecta a la fiscalidad, los agricultores y ganadores han solicitado el incremento a 300.000 euros de los límites de estimación objetiva del IRPF y financiación para hacer frente a las consecuencias de la sequía dotando de liquidez al sector "sin dejar a nadie atrás".
