Primera macrocausa que se juzga en la Audiencia Provincial de Córdoba.
Según el relato de la Fiscalía, esos 74 acusados habrían defraudado en mayor o menor medida a la Seguridad Social realizando contratos de muy poco tiempo con empresas ficticias para que esos falsos trabajadores pudieran cobrar el paro o, en el caso de los inmigrantes, para que pudieran regularizar su situación en nuestro país.
El Ministerio Público ha pedido para los acusados penas que van desde los dos años de cárcel para los tres presuntos cabecillas de la trama, hasta multas de 4.000 a 2.000 euros para el resto de acusados.