La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Andalucía, TSJA, ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a 17 años y medio de cárcel a una madre acusada de delitos de agresión sexual y de trata de seres humanos tras vender a su hija de 12 años, casarla y permitir que otro joven la agrediera sexualmente para saldar una deuda de 4.000 euros. Además, le han impuesto orden de alejamiento y la privación de la patria potestad respecto a su hija.
También han sido condenadas otras cinco personas a penas de entre 12 años y seis meses y dos años y medio de prisión, entre ellas, la pareja de la madre de la niña, la progenitora y los tíos del joven de 17 años con el que fue casada, así como el hermano de este último.
Según recoge la sentencia del Alto Tribunal andaluz, los magistrados desestiman el recurso de apelación interpuesto por una de las acusadas y confirman dicha resolución de la Audiencia Provincial, aunque cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Se da por probado que en marzo de 2021 la menor, de nacionalidad rumana, residía de manera estable en un asentamiento de familias de etnia gitana de este país, ubicado en un descampado de la capital cordobesa, viviendo allí con su madre, sus dos hermanos más pequeños y la actual pareja sentimental de su madre.
En esas fechas, su madre y su pareja tenían contraída la referida deuda con otros dos acusados, tíos del menor, "que con insistencia venían reclamándoles".
Como quiera que no dispusieran de dicho dinero, "puestos de común acuerdo, decidieron que la menor fuera casada por su rito con A." --respecto del que se han seguido actuaciones en la Fiscalía de Menores de Córdoba--, sobrino de la acusada que reclamaba el importe y que contaba con 17 años de edad.
La madre del menor aceptó el acuerdo, de modo que "le pagaría a los acusados la cantidad adeudada, para que a su vez éstos se la entregaran a sus acreedores y a cambio, una vez celebrado el matrimonio, la menor se desplazaría con ellos a La Coruña para vivir juntos, imponiéndole de este modo un matrimonio forzoso", según señala la resolución.
La menor, que apenas conocía a A., "carecía de toda capacidad de decisión por su corta edad de 12 años, lo que motivó que le impusieron la boda y pactaron que la celebración de la misma tendría lugar el tercer fin de semana del mes de marzo de 2021". Así, la madre del menor se desplazó junto con él y otro hijo, que "conocía y participaba de los planes acordados, para lo cual trajeron consigo el dinero hasta Córdoba y se encontraron con sus familiares en el asentamiento en el que éstos residían".
El día 20 de marzo, día previo al enlace, la pareja de la madre de la menor expuso a ésta "la decisión de casarla con A., manifestando ella su negativa en todo momento, si bien tuvo que ceder a sus exigencias". A continuación, la trasladaron hasta la vivienda de los acusados que pedían el dinero, "obligándola a permanecer allí esa noche, convenciéndola del matrimonio, para así dejar de ser una carga para su familia".
En la mañana del día 21 de marzo tuvo lugar la celebración del acto ritual del casamiento, si bien "previo a ello se celebró otro ritual que según sus costumbres consistía en comprobar la virginidad de la futura contrayente". Para ello, la madre y la tía del menor, "con el consentimiento de la madre de la menor, presente en el acto, llevaron a la menor a una habitación" en la que presuntamente cometieron sobre ella la agresión sexual.
