El SEPRONA de la Guardia Civil, con base en Rute, ha investigado a dos vecinos de Aguilar de la Frontera, como supuestos autores de un delito de maltrato animal, con resultado de muerte, todo ello en virtud de la normativa vigente y a la vista del estado de abandono, de las condiciones insalubres e higiénico sanitarias y la falta de alimento, durante días, de los animales que tenían a su cargo.
Las investigaciones se iniciaron después de que Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de la localidad ruteña conociera que en una explotación caprina ubicada en la localidad de Aguilar de la Frontera con cabras y canes, que los animales se encontraban en malas condiciones higiénico–sanitarias y carentes de comida.
Los agentes se trasladaron al lugar indicado y tras entrevistarse con la persona encargada del cuidado de los animales, procedieron a realizar una inspección en la explotación ganadera-caprina, en presencia de su titular y de la persona que se hacía cargo del cuidado de los animales.
Fruto de esa inspección localizaron un total de veintitrés ejemplares de cabras y cinco canes, que presentaban un estado lamentable por falta de comida. Hallaron además dos cadáveres de cabras, que al parecer habían servido de alimento a los propios perros , así como restos óseos de otros cadáveres.
Los agentes comprobaron que los animales presentaban una delgadez extrema por la supuesta falta de alimentación, ya que en la explotación no había alimento alguno. Carecían de agua y de los cuidados mínimos obligatorios. Los canes carecían de identificación individual y vacunas.
Como consecuencia de la inspección practicada en la explotación se procedió a la investigación de los responsables como presuntos autores de un delito de maltrato animal, por ocasionarles un maltrato injustificado, causándole lesiones que han perjudicado gra-vemente su salud y a algunos de ellos le han producido la muerte.
El SEPRONA recuerda, que la tenencia de animales conlleva una serie de obligaciones, que si no son atendidas o realizadas, serán castigadas por las leyes de Sanidad Animal y Protección Animal, perseguibles de oficio por los agentes de la autoridad, que pueden acabar, como este caso en un delito de maltrato animal con penas de cárcel e inhabilitación.