Cada día se registra, de media, una agresión en cualquier centro penitenciario del país. La prisión de Albolote es, precisamente, uno de los más masificados de España.
Y es aquí donde duranta la pasada jornada tuvo lugar la agresión por parte de una presa a dos funcionarias. En concreto, en el módulo de aislamiento.
Los insultos y amenazas de muerte no son considerados como agresiones, según la Secretaria General de Administraciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Contra esto piden mejoras en el protocolo a seguir. En la cárcel granadina se estima que faltan 86 profesionales que permitan garantizar su funcionamiento con seguridad. Según los cálculos del sindicato Comisiones Obreras.
La prisión de Archidona inaugurada recientemente (el penal de Málaga II como oficialmente se llama a esta prisión), se proyectó en su momento como una solución, en parte, contra la masificación de la prisión granadina. No obstante, según Cecilia Vargas del sindicato, de nada ha servido.
Nueva agresión: dos funcionarias agredidas
La agresión se produjo pasadas las once de la mañana y ambas funcionarias tuvieron que ser asistidas por los servicios médicos de la prisión.
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha precisado que la presa se negó a ser cacheada gritando "como sigáis tocando mis cosas os mato". Otros funcionarios del departamento oyeron los gritos de la interna y se presentaron allí, momento en el que la interna comenzó a "lanzar puñetazos y patadas golpeando a ambas funcionarias".
Intentó a la vez zafarse de ellas y de los otros funcionarios intentando morderlos y escupiéndoles, gritando "os voy a matar" hasta que "con gran esfuerzo debido a la gran corpulencia y agresividad que mostraba" consiguieron inmovilizarla, según relata el colectivo en una nota.
Ante esta nueva agresión, APFP reclama al Ministerio del Interior el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad; la consideración de profesión de riesgo y la adecuación de los medios coercitivos "al siglo XXI" con la aprobación de pistolas taser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios.
Todo ello para reducir las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios, según sostienen, al tiempo que reclaman una actualización retributiva con la equiparación salarial con sus compañeros de Cataluña al entender que "a igual trabajo, igual salario".
