Se cumplirá de este modo con la normativa que marca que el Pleno queda convocado de manera automática en el mediodía del décimo día hábil siguiente al registro de la moción en la Secretaría del Ayuntamiento, el pasado 2 de abril, después de que la jornada anterior la sancionaran ante notario los ediles de PSOE e IU, con Maracena Conecta (MC), que ha estado en el gobierno local cuatripartito liderado por el PP, del que también ha formado parte Vox, desde el inicio del mandato.
La suma de los grupos que promueven la moción de censura son los once concejales en los que se fija el límite de la mayoría absoluta en el Pleno maracenero, siete del PSOE, que ganó las elecciones de mayo, tres de IU y una de MC, que entraba en el cuatripartito y ahora forma parte de esta nueva fórmula de gobierno a tres bandas, que surge "tras una serie de hechos convulsos y falsas acusaciones de corrupción urbanística, hoy disueltas en sede judicial".
Entre las medidas que han anunciado se encuentran aportar tranquilidad a los trabajadores del Ayuntamiento, con el proceso de "estabilización", la vuelta a la participación y que el vecino "sea la centralidad" de las políticas del consistorio, así como "la bajada del sueldo del alcalde".
También la reducción del número de asesores políticos, la ejecución del proceso de estabilización, la recuperación de los criterios de violencia de género en la bolsa de trabajo, acortar los plazos de la dependencia, la normalización del contexto laboral de la Policía Local o la solución de los problemas que se han creado en el servicio de ayuda a domicilio.
En relación con la Policía Local, el viernes antes de que se registrara la moción de censura, desde la plantilla se informó a los medios que sus 22 agentes habían presentado denuncia contra el alcalde por un posible delito de injurias y calumnias en una entrevista radiofónica a principios de marzo.
El 4 de abril, asimismo, la concejal de MC, Amabel Adarve, denunció ante la Guardia Civil la presunta comisión de injurias e intimidación a través de las redes sociales contra ella. El pasado martes fue el regidor 'popular' el que presentó denuncia ante la Benemérita por la adquisición de material sanitario frente a la pandemia de covid-19 por el anterior equipo de gobierno local, del PSOE, así como la contratación de diversas campañas publicitarias y de marketing en etapas socialistas.
Ello conllevaba que el Instituto Armado librara un oficio para la preservación de la documentación con las facturas originales de estas operaciones en formato físico y digital. Un día después era el PSOE el que denunciaba en la Guardia Civil de Maracena la contratación de seguridad privada para estas tareas.
Ese mismo día, el pasado miércoles, la que ha sido concejal de Subvenciones, Formación, Empleo y Agenda 2030 de Maracena, Soledad Carmona, abandonaba el PP y tramitaba en el Ayuntamiento su paso a concejal no adscrita por la que denominó "nefasta gestión" del alcalde, y no descartaba apoyar la moción de censura contra él.
Convocado un Pleno extraordinario el pasado sábado al hilo de las denuncias que ha venido promoviendo el gobierno local tras los resultados de una auditoría por la gestión de los socialistas, que perdieron la mayoría absoluta en las elecciones del pasado mayo, todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU, Vox, MC, Quiero Maracena, y la concejal no adscrita) decidieron desconvocar el pleno extraordinario de este sábado para "no generar una mayor crispación".
La situación política en Maracena se vio condicionada en la campaña electoral de mayo por la investigación judicial que se abría tras el secuestro de la exedil socialista Vanessa Romero en febrero del año pasado por el que entonces era pareja sentimental, investigado en esta causa por la que está en libertad provisional desde el pasado julio, de la en ese momento alcaldesa, Berta Linares, del PSOE, que dimitió tras los comicios.
