El Ejecutivo andaluz encabezado por Juanma Moreno Bonilla (PP) -y apoyado por Vox-, dio luz verde ayer a la iniciativa para ampliar formalmente la zona regable en la parte norte del Parque Nacional de Doñana, en Huelva.
La norma será tramitada en el Parlamento autonómico por la vía de urgencia y podría ser aprobada antes de verano, a pesar de contar con el completo rechazo de los partidos de izquierda en la oposición: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
¿Qué cambia la nueva ley?
Esta proposición reconoce como agrícolas alrededor de 800 hectáreas pertenecientes a los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), las cuales tendrían el permiso para regarse con aguas superficiales.
La ley trata de reorganizar el territorio para que, en determinados casos, se obtenga la calificación de terreno regable con aguas superficiales y, posteriormente, será la administración competente la que le dará la concesión o no.
El PP pide responsabilidades al Gobierno central
Ante la polémica, el PP andaluz insiste en que no se autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, ya mermado por los pozos ilegales y también por la sequía.
Por el contrario, el derecho a riego de los nuevos terrenos se concederá mediante el agua superficial que llegue a través del trasvase de la demarcación de los ríos Odiel-Tinto-Piedra, una obra que, según la Junta de Andalucía, debe acometer el Estado.
Estamos hablando de recalificación de terreno, todo lo demás es difamación interesada porque el 28 de mayo hay elecciones
El consejero de Medioambiente de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado en 'Más de uno' que la mayoría de competencias sobre la utilización del agua las tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la cual depende del Ministerio para la Transición Ecológica y, por tanto, del Gobierno central.
"Estamos hablando de recalificación de terreno, todo lo demás es difamación interesada porque el 28 de mayo hay elecciones", critica.
El Gobierno avisa de que están en juego los Fondos Europeos
Por su parte, el Gobierno y los partidos de izquierda andaluces denuncian que se trata de una estrategia electoralista al prometer a los agricultores "un agua que no existe", pues dicha medida se enmarca en un contexto de fuerte sequía a nivel nacional.
Varios ministros ya han mostrado su contrariedad con la normativa. En concreto, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha advertido de que, si entra en vigor la norma, están en juego los Fondos Europeos de recuperación debido a "la alerta que esto ha generado inmediatamente en Bruselas".
La Comisión Europea dijo a mediados de febrero que está dispuesta a utilizar "rápidamente todos los medios disponibles" para garantizar la ejecución de una sentencia de la Justicia europea que condenó a España en 2021 por no proteger los humedales de Doñana, unos de los "más destacados" de Europa.
La ley será recurrida al Tribunal Constitucional
Asimismo, el Gobierno ha avisado de que si se aprueba la ley, esta será recurrida al Tribunal Constitucional y, por tanto, paralizada. Izquierda Unida ya ha denunciado ante la Comisión Europea la tramitación de la ley y han pedido medidas cautelares para que se paralice.
