Más al detalle, y según figura en este nuevo auto fechado el pasado 28 de diciembre y difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez ha citado como investigado a Rafael Velasco el día 27 de febrero, jornada para la cual también están convocados como investigados Antonia M.L., esposa de Velasco y administradora única de la empresa Aulacen 5; Rafaela M.L., hermana de la anterior, cuñada de Velasco y evaluadora en los cursos de formación subvencionados; Inmaculada M.L., también cuñada de Velasco y docente en los cursos de formación subvencionados; y Pedro V.S., hermano de Velasco y quien figuraría igualmente como docente en tales cursos.
Ya para el día 5 de marzo, el juez cita a varios investigados más, entre ellos Antonio Fernández como presidente del SAE en 2008, y los ex director generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; así como a Alonso S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.
Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la "presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5", vinculada a Rafael Velasco.
Así, la citada entidad "habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular", en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de e 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.
"Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (...) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención", considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.
