El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga abrió el mes pasado juicio oral contra el procesado y le impuso el pago de una fianza civil para asegurar las responsabilidades pecuniarias de 885.300 euros, teniendo en cuenta el coste de las tareas de rescate llevadas a cabo. El fiscal, en su escrito de acusación provisional, incide en que el procesado "no había señalizado ni advertido" de la presencia de la prospección e insiste en que "era el único conocedor" de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño, añadiendo que "los demás desconocían" la presencia del mismo ya que "apenas se veía".
La acusación de los padres también achacó al acusado una "negligencia" que es "extremadamente grave" y una conducta omisiva, al prescindir de la observancia de cualquier medida de seguridad, debiendo tenerse en cuenta tanto "la gravedad de la acción del acusado" como el resultado; así como su conducta, en la que entiende que existen "multitud de infracciones normativas". Por su parte, la defensa del acusado señalan que no se sostiene la acusación por homicidio por imprudencia grave contra su cliente, insistiendo en la "imposibilidad de haber previsto el riesgo" de que el niño cayera y en que avisó varias veces de la existencia de pozos.