Recientemente, la regulación de las viviendas turísticas ha experimentado un giro radical. El Tribunal Supremo establece que las comunidades de propietarios mediante acuerdo en junta, pueden prohibir las viviendas para alquileres turísticos por mayoría de tres quintos, mientras que con anterioridad a esta sentencia solo se podría limitar en lugar de prohibir, y era necesario tener unanimidad para su aplicación.
Según informa el Consejo General del Poder Judicial, las decisiones, adoptadas por unanimidad, resuelven la controversia entre las audiencias provinciales, evidenciada en las dos sentencias recurridas de signo opuesto, sobre si la prohibición de las actividades turísticas descritas en el art. 5.e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU), ha de adoptarse por mayoría de tres quintos o por unanimidad de los propietarios.
La Sala parte de su jurisprudencia en la que declara lícita la prohibición estatutaria de alquiler de viviendas para uso turístico. En segundo lugar, recuerda que la prohibición de uso de los elementos privativos en el régimen de la propiedad horizontal es legítima y conforme con la Constitución.
A continuación, la sala interpreta la expresión «limite o condicione» y rechaza que se trate de un supuesto de interpretación de una norma estatutaria bajo condicionantes restrictivos y concluye que, atendiendo al criterio gramatical, semántico y a su literalidad, el término «limitar» no excluye la prohibición. Considera que la atribución de esta facultad de prohibición con la mayoría reforzada es una medida proporcionada a los intereses en conflicto.
Recordemos que en la provincia existen registradas más de 35.000 viviendas turísticas, de las cuales 12.000 están en Málaga capital donde, tras la publicación del decreto de viviendas de uso turístico de la Junta de Andalucía publicado en el mes de febrero, el Ayuntamiento dio luz a una ordenanza por la que las nuevas viviendas turísticas deben tener acceso independiente al resto de viviendas. Por último, la Delegación de Urbanismo ha solicitado al gobierno regional la cancelación de la inscripción de un total de 1.560 viviendas turísticas de la ciudad en el Registro de Turismo de Andalucía.
