“Debemos exigir al Gobierno un cambio real y que se pongan del lado de la mayoría y poner en marcha políticas que repercutan en beneficio de las familias”, dice Lola García, presidenta de Facua en Málaga, que recuerda el decálogo planteado por su organización, con una serie de reivindicaciones al Ejecutivo, entre las que reclama la urgente aprobación de un nuevo modelo de bono social que represente, al menos, un 50 % de descuento en la factura y del que se puedan beneficiar las familias que cobren no más de dos salarios mínimos, que aumentarían hasta tres en función del número y características de sus miembros".
La asociación advierte de que en 2018, cuando el PSOE gobernaba en solitario, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció que estudiaba poner en marcha la "medida que ahora rechaza la ministra Teresa Ribera de sacar tanto a la nuclear como la hidráulica de la subasta marginalista para someterlas a precios máximos o fijos establecidos por el Gobierno" y, que según la Facua, tiene implantada Francia con parte de su producción nuclear. “Llevamos años diciendo que a la electricidad no se le puede aplicar el tipo máximo de IVA. El Gobierno decía que no podía rebajarlo, pero ahora los bajan de forma temporal hasta final del año, para tratar de conformar a la gente. Esto no puede continuar así”, sostiene García.
Tomando como referencia las tarifas de los primeros siete días del mes, el recibo del usuario medio se encarecería en 38,03 euros con respecto a septiembre del 2020.
