La provincia de Málaga cuenta con tres centros penitenciarios, la prisión de Alhaurín de la Torre, la de Archidona y el Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto en los que trabajan más de 800 funcionarios públicos que, a juicio de los sindicatos, resultan insuficientes para satisfacer las necesidades que se presentan en el día a día en el interior de sus muros. Estas mismas fuentes denuncian que la actual situación depara pocos profesionales, no reconocidos y mal remunerados ante una población reclusa, según estos mismos denunciantes, cada vez más agresiva y que supera la ocupación para la que los recintos habían sido construidos.
A lo largo del año, no han sido pocas las situaciones que han puesto en peligro la integridad de los funcionarios de prisiones. Intentos de agresión, de fuga, uso de drones desde el exterior de la prisión para pasar a los reclusos sustancias estupefacientes u objetos prohibidos en el interior, intimidaciones a una funcionaria de índole sexual, etc…, situaciones que generan indefensión entre los profesionales.
Para mejorar las condiciones, los funcionarios piden el aumento de las plantillas, y ajustar la población de reclusos a las plazas de los centros penitenciarios, entre otras mejoras.
Por último, los sindicatos y asociaciones denuncian las altas tasas de siniestralidad en las cárceles españolas. En 2023 se cerró el ejercicio con mayor número de incidentes violentos en prisiones de España (508 en total), según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). Los datos reflejan que entre el pasado año y 2022 se incrementaron un 12% los ataques sufridos por trabajadores y funcionarios de estas instituciones.
