La Casa Invisible recibió ayer un decreto de cese de actividad. Desde el colectivo, consideran que este decreto es una herramienta del Ayuntamiento para llevar a cabo un desalojo encubierto. Sus representantes sostienen que el objeto de este documento es ilegítimo y responde a fines "meramente políticos", a pesar de que el Consistorio hace referencia a una falta de seguridad en el inmueble.
El objeto del decreto es evitar que se realicen actividades culturales y lúdicas, para las que La Invisible no cuenta con autorización del Ayuntamiento. Sin embargo, según el colectivo, esta medida es contradictoria, ya que es el Consistorio el que rompió el acuerdo de cesión del espacio. De esta forma, se le obliga a suspender toda su actividad, bajo la advertencia de que, si hay desobediencia, podrían llevarse acciones penales.
A pesar de ello, La Invisible continúa abierta y sus impulsores han organizado una manifestación el próximo 3 de febrero, sin descartar acciones futuras.
