Unas 570 familias de El Palo llevan 11 años viendo cómo sus casas se encuentran en un limbo legal y administrativo y por eso reclaman que se aplique la Ley de Costas de 2013. Estos vecinos piden que se deslinden sus viviendas de lo que había estado considerado dominio público marínimo terrestre -hasta que se puso en marcha dicha ley- para que pueda regularizar su situación.
En señal de protesta, se manifiestan todos los martes frente a la Subdelegación del Gobierno de Málaga, a quienes recriminan su "silencio administrativo". Después de esta concentración, han pasado por los micrófonos de Más de uno Málaga el presidente de la Asociación Rebalaje, Manolo Benavides; y uno de los vecinos afectados, Francisco Cuestarrico.
