La corporación colegial malagueña ha facilitado a cada uno de los letrados afectados la liquidación que le corresponde, calculando la diferencia entre los importes satisfechos por los servicios de Turno de Oficio durante el periodo en que estuvo vigente la Orden de 17 de septiembre de 2012, es decir, desde octubre de 2012 a diciembre de 2017, teniendo en cuenta que en este último año los módulos experimentaron una recuperación del cinco por ciento.
Además, el Colegio de Abogados de Málaga ha organizado una reclamación conjunta de responsabilidad patrimonial que se presentará ante la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía por los daños y perjuicios ocasionados, según han manifestado.
El decano de los letrados malagueños, Francisco Javier Lara, ha señalado que "la nulidad de la Orden pone de manifiesto que la decisión del anterior Ejecutivo andaluz fue injusta y supuso un jarro de agua fría sobre unos profesionales ya de por sí muy mal pagados". En este sentido, ha aprovechado para exigir al nuevo Gobierno que "revise los baremos de justicia gratuita".
"El Servicio de Justicia Gratuita es esencial para garantizar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y de la propia Democracia, al asegurar la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos o de su condición social", han destacado desde el colegio.
Por esto, dicha institución colegial han vuelto a exigir "que se reconozca la labor de estos profesionales y se dignifique el servicio aumentando sus retribuciones hasta unos niveles decentes --actualmente los abogados de oficio cobran una media de menos de dos euros por hora-- y eliminando las trabas burocráticas para los letrados".