El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, con 55 años de historia y su Consejo General agasajaba a los compañeros y compañeras más veteranos, haciendo público su tesón y poniendo en valor la importancia de esta profesión y de los Graduados Sociales en la construcción de una sociedad respetada, moderna y solidaria en la que los principios de paz y justicia social deben prevalecer. Decir que los Medallistas fueron distinguidos por los presidentes nacional, autonómico y provincial de nuestro colectivo. Ricardo Gabaldón, José Blas Fernández y Juan Fernández estuvieron acompañados por el presidente de la Sala de lo Social de TSJA y representante del poder judicial en Málaga, Manuel Hernández-Carrillo.
El solemne acto de imposición de las medallas de oro, plata y bronce tenía lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Málaga ante la atenta mirada de autoridades de la vida pública, política y universitaria de la ciudad, familiares y amigos.
Doscientos veinticinco hombres y mujeres recibían la máxima distinción colegial por su dedicación y una intensa carrera profesional que han vivido como testigos privilegiados de la historia de Málaga y Melilla, por ejemplo, la reorganización de las relaciones económicas y laborales, el grado más alto de la industrialización, la incorporación de las nuevas tecnologías, la plena inserción laboral de los inmigrantes y el aumento de la competitividad de los mercados además de los continuos cambios normativos del derecho laboral y de la seguridad social. Y no podemos olvidar la pandemia. Una profesión que antes pero mucho más, ahora, durante este tiempo covid ha demostrado ser esencial para el mantenimiento de la paz social y la economia familiar. La tramitación de los ERTES, ayudas y subvenciones de la administración, ceses de actividad de autónomos, pensiones, jubilaciones, registros horarios, teletrabajo… son muchas las normativas y leyes que han nacido en este 2020 y todas y cada una de ellas han pasado por los despachos de los Graduados Sociales para transmitirlas a trabajadores, empresas y ciudadanos en general y también defender estos derechos y obligaciones en los juzgados de lo social.
