La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una de las mayores organizaciones criminales, en cuanto a número de víctimas afectadas, que se dedican en España a la explotación sexual de mujeres en pisos, operación que se ha saldado con la detención de veinticinco personas.
De la investigación se desprende que sólo durante los meses que ha durado la investigación más de 500 mujeres de origen latinoamericano habrían sido explotadas y el beneficio anual del entramado superaría el millón y medio de euros, según ha informado la Policía en un comunicado este miércoles.
Obligadas a trabajar 24 horas del día y sin usar preservativo
Además, las víctimas eran obligadas a trabajar las 24 horas del día, siete días a la semana, sin usar preservativo.
Hay once víctimas liberadas y de las veinticinco personas detenidas, ocho ya han ingresado en prisión.
Los agentes han clausurado cuatro pisos y han realizado siete registros domiciliarios en los que se ha intervenido 145.338 euros en metálico y 1,2 kilos de cocaína.
La investigación comenzó a partir de tres denuncias recibidas en el teléfono 900 10 50 90, una de las herramientas, junto al correo electrónico trata@policia.es, con las que cuenta el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.
Con la promesa de trabajar en clínicas de estética
Durante las pesquisas, los agentes detectaron una red criminal asentada en Málaga que se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres en cuatro pisos prostíbulo.
El entramado, que estaba perfectamente estructurado y contaba con un elevado número de miembros, captaba a una parte importante de las víctimas en sus países de origen, principalmente Colombia.
Las mujeres, en una situación de gran precariedad económica, eran engañadas para viajar a España en muchos casos con una falsa oferta de trabajo en un centro estético que la organización poseía en este país.
Sin embargo, una vez aquí, eran informadas de la deuda que habían contraído con los explotadores por la gestión y los gastos del viaje, y advertían a las víctimas de que debían saldar el montante ejerciendo la prostitución, aunque no paraban de incrementar la deuda a través de sanciones y multas injustificadas.
Riesgo para la salud
Las condiciones de trabajo impuestas por la organización criminal eran abusivas y ponían en grave riesgo la salud de las mujeres. Tenían que estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, y no podían elegir ni rechazar a ningún cliente o servicio.
Eran forzadas a trabajar aunque tuvieran la menstruación y a no usar preservativo, lo que ocasionó que varias mujeres contrajeran enfermedades de transmisión sexual, hecho que, sin embargo, no había impedido que siguieran siendo prostituidas.
Además, y para ejercer un mayor control sobre ellas, eran vigiladas permanentemente mediante cámaras instaladas en los pisos que solo podían abandonar dos horas al día con autorización previa de las encargadas.
Consumo y distribución de drogas
El entramado también se dedicaba a distribuir sustancias estupefacientes en los pisos que controlaba y obligaban a las mujeres a consumirlas y a fomentar su uso entre los clientes con el objetivo de que los servicios duraran más tiempo y generar así mayores beneficios, lo que en algunos casos también derivaba en lesiones para las víctimas.
De manera paralela, los agentes detectaron la existencia de un entramado societario controlado por los principales responsables de la red con la única finalidad de ofrecer apariencia de legalidad a los ingentes beneficios obtenidos por sus actividades ilegales.
Los investigadores han determinado que la organización establecía un objetivo mensual de ingresos a cada una de los pisos que regentaba, de lo que se ha podido deducir que las ganancias anuales superarían el millón y medio de euros.
