Todo ello a pesar de “cumplir”, dicen, “rigurosamente con la ley”. Hoy, los responsables de la Diputación provincial han lamentado la noticia. El presidente de la institución asegura que el proyecto contaba con la autorización de todas las administraciones implicadas y que supondría una inversión de 15 millones de euros y la creación de unos 100 empleos directos e indirectos.