La propuesta del Estado sería una especie de préstamo voluntario de parte de las entidades locales por el total de ese remanente a la administración central, con el que Hacienda realizaría sendos ingresos en 2020 y 2021 que, como mínimo, representarán el 35% de los fondos aportados y que llegaría a los 5.000 millones. Los ayuntamientos no las tienen todas consigo y desde la FEMP ya avanzaron su malestar, al considerar que el Gobierno estaría adueñándose de un dinero que les pertenece y del que además sólo recibirán 5.000 millones entre este curso y el próximo, mientras que una cantidad cercana a los 15.000 millones sería devuelta en un plazo de 10 años.