El consistorio esteponero ha tomado la decisión con el nuevo escenario que han creado las últimas lluvias caídas, situando la capacidad hídrica de la comarca en niveles similares a los registrados el pasado año y con la garantía de los 16.300 metros cúbicos diarios de agua que se sumarán a la red gracias a las obras de infraestructuras municipales que se están impulsando.
Además y de cara a futuras situaciones de escasez de líquido elemento similares, el Ayuntamiento está trabajando en la creación un sistema que certifique a piscinas por uso responsable del agua. Se valorarán aspectos como que dispongan de toldos protectores que eviten la evaporación o depuradoras con recuperación, entre otros. Las que obtengan ese certificado tendrán garantizado su uso en periodos de sequía.
Aún así, el alcalde José María García Urbano ha incidido en la importancia de que un uso responsable del agua y de que las distintas administraciones públicas trabajen en la puesta en marcha de infraestructuras que garanticen el suministro en zonas donde el sector turístico tiene un peso económico importante.
El Supremo da la razón al Ayuntamiento
El Tribunal Supremo ha dado la razón al Ayuntamiento de Marbella frente a Hacienda por el caso de los 12 millones de euros salidos de la subasta de bienes de Juan Antonio Roca que la Audiencia Provincial le entregó al Consistorio en 2018.
El Ejecutivo local decidió emplearlos en servicios municipales, en lugar de reducir la deuda que mantiene desde la época del GIL, tanto con la propia Hacienda como con la Seguridad Social. Ambas instituciones entendieron entonces que Marbella estaba incumpliendo lo estipulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 que permitía al Ayuntamiento, de forma excepcional, hacer frente al débito a través de un pago fraccionado en cuarenta años y con interés al 1%. Y en virtud de ese razonamiento, decidieron dar por finalizado esos aplazamientos, lo que se traducía en que el consistorio marbellí se enfrentaba a un pago ordinario de 200 millones de euros, algo inviable para la administración local.
Ahora el Supremo ha resuelto dar la razón al Ayuntamiento que había argumentado que ni Hacienda ni la Seguridad Social tenían capacidad para dar por concluido el fraccionamiento del pago de la deuda.
