El propósito de la medida acordada por el Gobierno regional es profesionalizar el sector en aras a cuidar la imagen de una comunidad con mucho peso turístico, dándole a los ayuntamientos competencias para regular el número de alojamientos turísticos en un edificio, mejorando las condiciones laborales de los que se emplean en el sector y de paso contribuir a la desestacionalización. En general, un buen decreto, porque había que establecer un marco regulatorio para la realidad actual según ha considerado Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía.
Y es que el 75% de las viviendas de uso turístico están en la costa, a lo que se añade que son el único alojamiento disponible para los visitantes, habida cuenta de que los hoteles están cerrados durante buena parte del año. Pero a pesar de ello, ha aclarado Pérez-Lanzac que no hay saturación en la Costa del Sol.
Así que ¡ojo!, ha advertido el responsable del colectivo, porque las competencias que el decreto otorga a los ayuntamientos no quiere decir que puedan hacer lo que quieran.
Le gusta a los profesionales que el decreto exija un plus en la calidad de los alojamientos turísticos. Es de sentido común, ha dicho. El 76% de los clientes son familias que miran mucho los detalles.
Luego está la cara B del fenómeno de los apartamentos turísticos, la que ha denunciado en Marbella el PSOE, la del encarecimiento del alquiler en general, consecuencia directa, ha asegurado la formación, de la proliferación de esas viviendas. Hace tiempo que los socialistas plantearon en el Ayuntamiento, según ha recordado la portavoz, Isabel Pérez, unas medidas similares a lo que ahora ha aprobado la Junta.
En el Ayuntamiento han explicado que el turismo es cada vez más poliédrico y una de sus caras es por supuesto la de las viviendas de uso turístico que efectivamente requieren de una regulación para evitar también otro fenómeno que ha apuntado el portavoz del Ejecutivo, Félix Romero.
Pero, han insistido los socialistas, es un problema que ya en 2021 era una evidencia, cuando la mitad de las plazas turísticas de Marbella eran de ese sector, teniendo en cuenta la magnífica planta hotelera que hay en la ciudad.
Pero, han insistido también en el equipo de Gobierno, el decreto que otorga poder a los ayuntamientos es de ahora y no de 2021. Se analizará, se estudiará la situación real del municipio y se actuará conforme a la holgura que le permita el derecho a la propiedad privada.
Un nuevo escenario en definitiva que habrá de decorarlo adecuadamente para que quepan todos los actores.
