Se construyó con división horizontal. Aifos, la promotora, iba vendiendo apartamentos para financiar sobre la marcha el resto del proyecto. Pero llegaron malos tiempos e hipotecó los restaurantes y otros locales sacándolos de la finca de servicios hoteleros, porque ésta no puede tener, por ley, una carga así. No obstante todas esas parcelas se inscribieron en el registro de la propiedad con la anotación de que estaban y están sujetas a explotación hotelera y no son propiedades residenciales.
En esos años, con la crisis y la imposibilidad de pago de muchos propietarios, muchos de los apartamentos comprados pasaron a ser propiedad de Caja Rural de Granada.
En 2016 el hotel empezó a funcionar de nuevo. Tres años más tarde, el grupo SPV, se hizo con algunas propiedades. Y tanto éste como la entidad financiera, empezaron a exigir más dinero por la renta del alquiler. El verano pasado, los juzgados resolvieron darle la posesión de sus unidades a ambos y éstos las cerraron. Grisoma reclamó entonces a la jueza encargada del caso en virtud de lo que dice la Ley de Turismo de Andalucía. La magistrada dio la razón entonces a la explotadora. Fue el pasado octubre. Pero este junio pasado, la situación se repitió, al parecer, por un defecto de forma en la resolución anterior.
Y así está el panorama en la actualidad, con habitaciones cerradas, los restaurantes clausurados, las terrazas sin poder usarse y las cocinas con los fogones apagados. La situación, más allá de las razones o argumentos de los demandantes, es surrealista, según las palabras del director del establecimiento, Ramón Pons, por cuanto hay dictada una resolución judicial que va contra la Ley de Turismo de Andalucía.
El panorama esta vez es peor incluso que el del año pasado porque este verano les ha pillado completamente desprevenidos.
La dirección del hotel, mediante los servicios jurídicos de la explotadora, ha planteado un recurso judicial del que esperan contestación. Sólo es cuestión de tiempo, ha dicho Pons, porque la decisión final está clara cuál será.
Mientras tanto, y como ha lamentado la responsable de Turismo de Comisiones Obreras en Málaga, Lola Villalba, los que pagan son los trabajadores. El 70% de la plantilla de temporada de verano, que aumenta hasta los 220 empleados aproximadamente, está afectada, según ha calculado la presidenta del comité de empresa, Jaqueline Largacha, quien ha pedido al Gobierno regional que ahora que se recupera la normalidad judicial y administrativa, haga lo que anunció, sea inflexible y reclame el cumplimiento de la ley.
Largacha ha puesto en valor la tarea de sus compañeros que fueron, ha asegurado, los que en su momento sacaron a flote a un Guadalpín Banús y los que ahora, de la mano de la dirección y la empresa, tratan de que no se hunda del todo.
Todos confían en una pronta solución de esta rocambolesca situación, ahora que el hotel es más que rentable.
