Las obras, con un presupuesto de 41.755 euros, consisten en la demolición de tres bloques compuestos por 450 nichos antiguos, vacíos, sin uso y que no se adaptan a las condiciones actuales de enterramientos, de ahí que no se puedan reutilizar. La intención es dejar el espacio diáfano para que la empresa adjudicataria de las labores de exhumación de Pico Reja pueda instalar más carpas de trabajo, al ir acrecentándose la superficie excavada de la fosa para la extracción de los cuerpos. Bajo esas hileras de nichos se descarta que pueda extenderse la fosa común, puesto que los trabajos de delimitación realizados hace tres años establecían los límites justo en el inicio de este conjunto de sepulturas.
“Los trabajos de los profesionales de Aranzadi, la empresa especialista que se adjudicó el contrato municipal, están avanzando y requieren ahora más espacio para proceder a tareas como la separación de los restos óseos, su limpieza, el análisis de las pruebas que determinan si pertenecen o no a personas represaliadas y su preparación para ser custodiados de cara a la posterior identificación”, según ha explicado la delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño. “Con la decisión de demoler los nichos, facilitamos los trabajos de estos profesionales. Estas obras durarán en torno a tres semanas, aunque se intentará que estén terminadas para la Festividad de Todos los Santos, y después la zona será convenientemente limpiada”, según ha detallado la delegada de Hacienda y Administración Pública, Sonia Gaya.
Este proyecto de exhumación de Pico Reja cuenta con un presupuesto total 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años, y se desarrolla sobre una superficie de 672 metros cuadrados ubicada en el cementerio de San Fernando que había sido señalizada y localizada previamente. La intervención, coordinada desde la Oficina de Memoria histórica del Ayuntamiento de Sevilla, fue licitada por el propio Consistorio hispalense. No obstante, posteriormente se suscribieron convenios de colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial que aportaron 265.000 euros, mientras que el Gobierno central ha manifestado también su voluntad para contribuir a la financiación.
La necesidad de más espacio para los trabajos obedece también a que en esta fosa común están depositados más cuerpos de no represaliados de los que se preveía, de ahí que se complique la separación entre unos y otros. Así, a septiembre de 2020 se han localizado 226 restos de personas con evidentes indicios de haber sido represaliadas, otras 431 personas inhumadas en ataúdes y 158 restos aislados en desconexión anatómica, según en balance mensual realizado por Aranzadi.
Se han registrado ya enterramientos con indicios claros de violencia como roturas perimortem, ataduras en las muñecas y orificios de proyectiles. De acuerdo con los hallazgos durante la investigación, los enterramientos sin control con cuerpos arrojados sin ningún tipo de respeto y en posiciones inverosímiles en esta fosa continuaron después del año 36, situación que no estaba contemplada en los estudios y trabajos previos. Concretamente, se siguieron produciendo en los años 40 usando esta misma fosa común y el mismo espacio. Aún se está en proceso de evaluar cuántas personas de esa década fueron arrojadas en esta fosa y su procedencia.
Estas características convierten el proceso de intervención y exhumación de la fosa de Pico Reja probablemente en el más complejo de cuantos se han acometido en el país en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica debido a la coincidencia en un mismo espacio de restos de personas represaliadas, de osarios e incluso de ataúdes de distintas épocas, lo que dificulta todo el trabajo de identificación y desenterramiento de los restos humanos.