CCOO denuncia los insultos y amenazas que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en las oficinas de Sevilla ante la imposibilidad de atender la avalancha de ERTE presentados con una plantilla bajo mínimos, que ya era insuficiente, asegura, antes de comenzar esta situación.
La secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla, Mari Paz Vargas, señala que “la crisis de la COVID-19 ha visto acrecentada la precaria situación de la que hace años venimos alertando desde el Sindicato”. Y es que “estas empleadas y empleados públicos están ampliando jornadas, trabajando en sábados y festivos con sus propios medios para realizar el teletrabajo, atendiendo las incidencias que se están produciendo y realizando un sobresfuerzo que no encuentra respuesta en la empresa”.
En la provincia de Sevilla se han presentado ya más de 22.000 ERTE que afectan a más de 120.000 personas trabajadoras, mientras que el SEPE cuenta con 440 efectivos estables que, a juicio de CCOO, deberían ser de un mínimo de 550. Y, pese a ello, “la ciudadanía solo recibe mensajes sesgados y confusos de parte de los y las responsables políticos, que en una situación de extrema necesidad les impide ver que la tramitación de sus prestaciones no se puede llevar a cabo en forma óptima con tan escasos medios”, apunta Vargas. En este sentido, “ante el clima de crispación que continúa en aumento, exigimos que se garantice la seguridad en todas antes de que se realice su apertura a la atención directa”.
“La plantilla del SEPE ha ido abordando el incremento de funciones y de cargas de trabajo con poco personal, mucho esfuerzo y mucha imaginación. En esas condiciones, desde su creación en 1978, ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades provocadas por los despidos masivos, durante las crisis económicas de los años 80, los 90 y la de 2010”, explica la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla.
Por eso, CCOO exige una vez más al Gobierno que “dote a este organismo de los medios humanos, materiales y técnicos que permitan de una vez por todas garantizar unas condiciones razonables y dignas de trabajo a la plantilla”. “En un sector absolutamente esencial, vamos a proteger a las empleadas y empleados públicos para que puedan realizar el trabajo que necesita la ciudadanía”, afirma Vargas.
