Entre finales de marzo y comienzos de abril se pusieron en marcha diversos protocolos ordinarios y extraordinarios para contribuir a aliviar las dificultades económicas que la crisis de la COVID-19 estaba causando a inquilinos, propietarios, autónomos emprendedores, entidades sin ánimo de lucro y proveedores, unos programas que establecen procedimientos de aplazamiento del pago del total de las rentas de alquiler mensual o las letras aplazadas.
“El Ayuntamiento de Sevilla y Emvisesa se adelantaron a la entrada en vigor de las ayudas estatales y autonómicas, creando programas propios que, posteriormente, se han ido adaptando a la normativa estatal en los aspectos que pudieran resultar más beneficiosos para los inquilinos, propietarios o arrendatarios de la empresa municipal”, ha explicado el el delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Juan Manuel Flores, quien ha informado de que Emvisesa ha recibido más de 230 solicitudes de ayuda para inquilinos, propietarios y emprendedores. “La colaboración de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, así como el esfuerzo del Servicio de Atención al Ciudadano de Emvisesa, han sido claves para ofrecer una respuesta rápida y prestar todo el asesoramiento necesario”, ha añadido.
Los programas de ayuda afectados por la COVID-19 constituyen medidas excepcionales enmarcadas en la estrategia de apoyo social a familias que se coordina desde el comité de seguimiento municipal del coronavirus presidido por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Emvisesa habilitó, y mantiene operativo, un espacio en su web para completar la tramitación de ayudas de manera telemática, con apoyo telefónico en caso de ser necesario.
Además de las ayudas extraordinarias que se están concediendo conforme se estudian los expedientes, Emvisesa también dispone de un Protocolo de Protección a familias con pocos recursos que, independientemente de la crisis provocada por la COVID-19, protege a los inquilinos de Emvisesa de manera permanente desde el año 2017 y ha permitido establecer una renta mínima exigible para todas aquellas familias que han acreditado su situación de vulnerabilidad y que se otorguen más de 823 ayudas por importe superior a los 2 millones de euros desde su aprobación. “La empresa municipal de vivienda, como gran arrendador de casi 3.000 familias, asume como viene haciendo durante los últimos años su responsabilidad social dando una respuesta personalizada a quienes peor lo estén pasando”, ha destacado el delegado de Bienestar Social.