Los hechos se remontan a junio de 2017, cuando el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, en una resolución de desamparo, ordenó la retirada de tres menores de 2,3 y 8 años de edad, de la custodia de sus padres que por aquellas fechas vivían en la barriada del Polígono Sur de Sevilla.
Agentes del Área de Protección al Menor de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, al ir a ejecutar la resolución, comprobaron que los padres habían abandonado el barrio con sus hijos, desconociendo el paradero de la familia.
Todas las gestiones realizadas para localizar a los padres y a los menores resultaron infructuosas, hasta que el pasado mes de febrero, agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Coria de Río compartieron con la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía los datos de un matrimonio que había sido filiado con motivo de una reciente ocupación realizada en una casa en la localidad de Coria, motivo por el que se iniciaron las pesquisas para determinar y comprobar el paradero de los menores.
Durante el dispositivo de vigilancia establecido de manera simultánea por los efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Coria del Río y agentes del Aprome pertenecientes a la unidad adscrita a la Junta de Andalucía, se pudo comprobar que las únicas personas que salían de la vivienda eran los padres y adoptando medidas de seguridad antes de abandonar el inmueble para comprobar que no eran vigilados por nadie.
Además, descubrieron que la puerta blindada anti okupa de la vivienda carecía de llaves para su apertura y era golpeada a su vuelta por los progenitores a modo de contraseña, para ser abierta desde el interior por uno de los menores.
Los agentes pudieron comprobar durante la investigación que los tres hermanos no acudían al colegio ni asistían al médico, siendo privados de su normal desarrollo evolutivo y emocional al ser obligados a permanecer encerrados en el domicilio, privándoles de su libertad deambulatoria.
Así, fue organizado un dispositivo formado por todas las unidades policiales implicadas y se procedió el pasado 3 de marzo a la entrada en el domicilio en virtud de un auto de un juzgado de Instancia y Familia, encontrando en su interior a los menores, los cuales fueron puestos inmediatamente a disposición de los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía.
A la madre se les imputan los delitos de sustracción de menores y detención ilegal y al padre además el de atentado a agente de la autoridad, por agredir a un policía mientras permanecía custodiado en los calabozos a la espera de ser puesto a disposición judicial.
