En 1998 la rotura de una balsa de residuos mineros en esta localidad sevillana provocó el vertido de 5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos en el entorno de Doñana.
El juicio no se celebra hasta 25 años después por laberinto judicial, pero ahora, podría haber una sentencia que obligara a la multinacional sueca Boliden, la propietaria de la mina, a pagar 89 millones de euros al gobierno andaluz por esas 4.600 hectáreas contaminadas.
Hasta ahora los abogados de Boliden han alegado que en 1998 cuando se produjo el desastre, no existía ninguna ley que responsabilizara de daños medioambientales, eso no fue hasta 2007 por eso no ha abonado esa factura de 89millones al gobierno andaluz por la limpieza de los ríos Agrio y Guadiamar que produjeron esos metales pesados que provocaron a su vez la muerte de 37 toneladas de peces.
